En la presente semana hemos asistido  a la discusión final de tres textos que bien  pudieron  haberse convertido en verdaderas posibilidades de progreso, equidad y justicia para el pueblo colombiano, pero que gracias a la calidad de los congresistas con  que contamos y sus perversas alianzas e intereses,  se esfumaron las esperanzas de lograr verdaderas  reivindicaciones sociales.

Con un argumento, aparentemente creíble, y es el de que se busca descongestionar las cárceles del país, algo que todos los colombianos de alguna manera estamos pidiendo se solucione prontamente,  la Cámara de Representantes  aprobó el denominado Código Penitenciario y Carcelario, el cual, entre otras acciones sospechosas abre las puertas a la privatización  de las construcciones de cárceles y  la administración de las mismas.Otra perla es la restricción de las entrevistas a los detenidos por ciertos delitos,  para lo cual los medios de comunicación tendrán que obtener permisos de los jueces y autoridades carcelarias.  

En la discusión final se logró archivar un artículo  que intentaba la excarcelación  de un grupo importante  de longevos condenados, entre ellos a políticos como  Alberto Santofimio Botero  a quien un antiguo correligionario quiso prestarle un enorme servicio al intentar que se aprobara encarcelamiento parra los mayores de 64 años. La tarea falló por muy poco, pero quedó latente en el ambiente la idea de que muchos legisladores solo piensan en seguir pagando favores a sus antiguos aliados.

La otra reforma  que fue aprobada fue la de la salud, con la complacencia de la gran mayoría de los senadores, algunos de ellos acudieron a maniobras jurídicas para no comprometerse y se declararon  impedidos. Este documento que está lleno de ambigüedades  y que no tuvo la suficiente discusión entre la sociedad civil, acude también a subterfugios para enmascarar la continuidad de los mismos males estructurales del sistema y se echa mano de nuevas figuras  como las gestoras que supuestamente van a acabar con las EPS, pero que en la práctica van a cumplir papeles similares.

Otra  obra,  dechado de impunidad que va a cobijar a los militares  que cometan violación a los Derechos Humanos es el Fuero militar,  que pasa la jurisdicción a los mismos militares para aquellos que  atenten contra la población civil, los cuales serán juzgados, ya no por la justicia ordinaria, sino por tribunales militares  o mixtos. 

Distintas organizaciones de Derechos Humanos  se han pronunciado en su contra, al igual que organismos internacionales como la ONU. Una aberración  de este código es la denominación de  “Blanco legítimo”  que establece la potestad  de actuar contra civiles por la simple consideración de “sospecha”.

Parodiando una reconocida obra, podemos decir que estos tres  tristes textos hacen  parte de la historia local  de la infamia.