La restauración del edificio del Panóptico de Ibagué y sus zonas aledañas se ha ido convirtiendo, con el paso de los años, en un monumento a la ineptitud, la corrupción, la negligencia y el desapego por los recursos y los símbolos de la comunidad tolimense.
Cuando el senador Carlos García consiguió que el antiguo penal se convirtiera en monumento nacional y a través del presupuesto nacional se asignaran cinco millardos de pesos de ese entonces- hace ya más de 10 años- no imaginó que las buenas intenciones detrás del proyecto terminaran convirtiéndose en el ícono del desperdicio, las malas administraciones y un símbolo del saqueo y la impunidad.
El primer contratista -a quien por cierto se le había asignado la ejecución de un proyecto de aulas tecnológicas auspiciado por el Gobierno español- había salido del Tolima como el epítome del desgreño, el saqueo de los recursos y la extorsión a los contratistas tras su paso por la empresa del acueducto del municipio de Ibagué. En el corto gobierno de Jorge García se produjeron las entregas de los dos contratos con resultados que compiten por el fracaso en la ejecución y la dilapidación de los recursos.
García fue reemplazado por Carlos Guillermo Aragón, quien poco hizo por el proyecto ya que su sucesor, Fernando Osorio Cuenca se posesionó en la oscuridad de la noche y procedió a contratar una extensa y costosa nómina en auditoría e interventoría del proyecto que en la medida del costo y la cantidad de burócratas empleados, así mismo fueron los penosos resultados. Ya por esta época el municipio de Ibagué, la Gobernación y el Ministerio habían apropiado varios millardos adicionales que se fueron en obras que no correspondían ni al estilo de la construcción ni al proyecto primigenio, a lo que se añadió inútiles y contaminantes espejos de agua.
El lío jurídico que dejó Osorio paralizó cualquier intento de gestión de los siguientes gobiernos departamental y municipal, a más de que la reputación de la región ante el Ministerio de Cultura sufrió menoscabo casi irreparable. De lo ocurrido en el abreviado gobierno de Osorio no se sabe nada distinto a que estuvo blindado por la impunidad y la inoperancia de los organismos de control.
Un nuevo impulso propulsado por la vergüenza nacional que producía el inconcluso trabajo llevó a que las administraciones regional y local hicieran “vaca” para tratar de hacer avanzar el estropicio y, para el efecto, reunieron 1.6 millardos de pesos que se confiaron a los organismos gremiales de arquitectos e ingenieros, con los penosos resultados registrados en la pasada edición dominical de este rotativo y denunciada por la Red de Veedurías Revisar, con fotos y evaluaciones para un trabajo que -según cuentas- consumió dos millones de pesos por metro cuadrado.
El tiempo pasa y el proyecto se ha convertido en un agujero negro que absorbe todos los recursos que se le destinen sin avanzar un ápice, mientras los organismos de control continúan paralizados ante este monumento a la impunidad.
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