Cuando los jefes paramilitares y el actual candidato presidencial Francisco Santos aseguraron que esos grupos armados ilegales controlaban más del 30 por ciento del Congreso la noticia fue considerada como una balandronada de los unos y una exageración más del otro. Sin embargo, el tiempo se ha encargado de demostrar que el asunto era aún más grave y que, además, permeaba a lo largo y a lo ancho la organización administrativa y política del país.
Tres hechos en los últimos días no hacen sino confirmar tan repudiable situación y alargar la interminable cadena de corrupción.
Tales episodios ofrecen, además, elementos comunes que dan cuenta de la forma coordinada y estructurada como se planteó la toma del poder.
La primera en salir a la palestra fue la exsenadora Piedad del Socorro Zuccardi de García, fundadora del partido de la U y quien siempre hizo parte de sus cuerpos directivos. Heredó de su esposo, el también exsenador Juan José García Romero, su organización política cuando este fue condenado a tres años y seis meses de prisión por peculado por apropiación.
Actualmente Zuccardi está detenida por cuenta de la Corte Suprema con base en testimonios de los jefes paramilitares “Diego Vecino”, “Juancho Dique” y “Ernesto Báez”, quienes coinciden en señalar a la exsenadora como participante y cómplice de las maniobras realizadas para asegurar los votos para su aspiración al senado.
Aunque no existen los llamados “delitos de sangre” ni nadie puede ser culpable de lo que hacen los miembros de su familia política, es preciso señalar que el cuñado de la acusada y también exsenador Álvaro García Romero está cumpliendo una pena de 40 años por la masacre de Macayepo. De la misma manera hay que recordar que el hijo de la exsenadora, Juan José García Zuccardi (y muy probable heredero de su cauda política) casó hace unos meses con María Alexandra Abello Vives, hija del narcotraficante Rafael Abello Silva “El mono Abello” quien pagó 18 años de cárcel en Estados Unidos por sus delitos. Dios los hace y ellos se juntan.
La exsenadora busca acudir a instancias internacionales pues aduce que no está siendo juzgada de acuerdo con la ley por la justicia colombiana.
Por su parte, seguidores del gobernador de La Guajira, Juan Francisco “Kico” Gómez Cerchar intentan que al detenido funcionario no lo procese la justicia colombiana ya que aducen que al ser miembro de la etnia Wayú no ha de recibir penas de prisión por los asesinatos de los que se le acusa sino ha de pagarlos indemnizando a las familias de las víctimas. No han dicho nada acerca de cuál sería la pena por la alianza con los más sanguinarios paramilitares y los delitos de contrabando de gasolina, licor y armas que se le imputan. Ni hablar de la asonada organizada para impedir su captura en la que fue atacada la comisión del CTI encargada de la detención.
Por último aparece el exsenador Habib Merheg de Colombia Viva, también de la coalición de recientes gobiernos, acusado de lavado de activos en su empresa Cable Unión y de estar vinculado a Carlos Mario Jiménez “Macaco”, el narcotraficante y paramilitar que fuera amo y señor de Risaralda y regiones aledañas hasta cuando fue extraditado a Estados Unidos. Como “ñapa” Merheg resultó enredado en la apropiación fraudulenta de 38 mil hectáreas de baldíos en el Vichada.
Pues bien, Merheg se encuentra en El Líbano, en uso de su doble nacionalidad y por razón a que no existe tratado de extradición con ese país el juicio en la Corte habrá de hacerse en su ausencia. Pero no hay que preocuparse, su hermano Samy ya fue elegido senador por el Partido Conservador y su novia Juliana Enciso sacó la mayor votación para la Asamblea de Risaralda.
Y así sucesivamente...
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