Extrema polarización

La extrema polarización política que se percibe en el país tiene ahora un escenario mucho más radicalizado por cuenta del fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ampliación del fuero militar.

Si bien la decisión se sustenta en razones de trámite y de forma, en el fondo pone de presente que al interior del alto tribunal también actúan y se manifiestan las posiciones antagónicas.

Nadie duda de la necesidad de la existencia de una protección legal a los servidores públicos, soldados y policías, máxime cuando su actividad se realiza en medio de un prolongado y sangriento conflicto, y mal podría suceder que quienes arriesgan su vida y su salud para brindar protección y apoyo a sus conciudadanos no tuvieran garantías en su accionar ni medios de defensa cuando se vean envueltos en procesos legales por razón de sus actos de servicio. De hecho tales circunstancias estaban cubiertas con la legislación anterior a la ampliación del fuero.

Distinto es que esa protección y ese apoyo viniera a suministrarse cuando las actuaciones son abiertamente por fuera de la ley y se confunden con crímenes de lesa humanidad, circunstancia que los dejaría en manos de la justicia ordinaria sin ninguna clase de tratamiento excepcional.

Por supuesto que una aberración como los asesinatos ocurridos en los denominados “falsos positivos” que tienen en trámite cerca de mil 500 procesos  en manera alguna pueden quedar cobijados por el fuero; como tampoco quedaría en esa categoría la violación y posterior asesinato de unos niños como ocurrió en Arauca a manos de un oficial del ejército.

Los bandos parecen irreconciliables ya que por un lado están el Ministro de Defensa, el Procurador, los oficiales en retiro, y los partidarios del expresidente Uribe y, al otro, lado unos cuantos congresistas, los familiares de las víctimas, amplios sectores del aparato judicial y la casi totalidad de las organizaciones internacionales vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

El Gobierno ha tratado de mediar y ofrece presentar en un corto plazo una ley que, ante todo, fortalezca un fondo para la defensa de los militares y policías procesados. Por supuesto que habrá de cubrir a quienes se les procese por actos de servicio y no por actividades ilegales.