Con extrañeza debe registrarse que una denuncia de tan hondas repercusiones como la aparecida en la edición dominical de Noticias Uno no ha tenido la necesaria difusión y cobertura pertinente en otros medios nacionales. Tan solo se ha visto una reseña aparecida en las páginas de este rotativo y ningún registro adicional. Ni siquiera respuesta o explicación de parte de los implicados y su clan familiar que tan asiduamente intervienen en las redes sociales.
Tal vez lo ocurrido se deriva de un temor reverencial con el jefe del grupo o lo que por ahí califican como autocensura, producto del miedo al linchamiento que notas en ese sentido reciben de parte de la claqué de incondicionales que rodea a la mencionada familia y grupo político.
El asunto tiene que ver con los negocios de los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe Moreno y su empresa Ecoeficiencia, especializada en el reciclaje y el manejo de desechos industriales.
El informe de Noticias Uno, sustentado en documentos y actuaciones de la Dian, tiene que ver con negocios realizados por un controvertido personaje llamado James Arias, a quien apodan “el Zar de la chatarra”, quien por cierto, ya ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para aclarar lo ocurrido con un carrusel de falsas exportaciones que se apropiaba del IVA correspondiente y la red en la que se sustentaba.
Pues bien, Ecoeficiencia, en su declaración de renta de 2010 (dijo Noticias Uno) registró ventas de chatarra a Arias adquiridas a 1.150 proveedores. La Dian encontró que no menos de cinco de ellas declaran jamás haber tenido negocios por esas cuantías, no hacer comercio de chatarra y, mucho menos, haber recibido los centenares de millones de pesos que Ecoeficiencia registra en su declaración de renta.
De lo anterior se deriva que queda sin sustento un cuantioso reclamo de devolución del IVA de la empresa de los Uribe Moreno y pasa a convertirse en una obligación con el fisco que supera los cinco millardos de pesos.
En esta época en la que el Gobierno ha requerido a sus funcionarios a revelar sus declaraciones de renta y situación financiera (sugerencia que ya ha sido cumplida por más de la mitad del gabinete ministerial, pese a que un proyecto enfocado a obtener mayor transparencia fracasó en el Congreso) sería bueno que las tantas veces postergadas promesas de Uribe Vélez y su familia de revelar sus declaraciones, sean cumplidas en esta oportunidad.
Ojalá este episodio se aclare, con pruebas al canto, y no con amedrentamientos a quienes niegan haber recibido dinero por chatarra o, más usual aún, que se alegue persecución polítia.
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