Las graves denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública, sustentadas con videos, y otros hechos graves como el bloqueo del servicio de internet en Cali en la noche del martes, los sobrevuelos y disparos desde helicópteros en Buga y la denuncia de un colegio de la comunidad claretiana en Bosa, donde la noche del martes aterrizó un helicóptero del Ejército, en una flagrante infracción al Derecho Internacional Humanitario y los protocolos de la ONU que prohíben el uso de instalaciones educativas para estos fines, y la desaparición de 87 personas en el todo el territorio, han prendido las alertas entre los países democráticos del mundo sobre lo que sucede en Colombia desde el 28 de abril.
Además del vandalismo y de la destrucción de bienes públicos y privados, los excesos de la fuerza pública han suscitado preocupación y alarma en el mundo; así lo han hecho saber Estados Unidos, la Unión Europea, la comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
El co-presidente del Comité de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos, Jim McGovern, en entrevista concedida a la emisora La W, resume el sentir de las voces internacionales.
Expresó que ha recibido los videos que evidencian los abusos policiales, los cuales calificó de “perturbadores”, y dijo que le intranquiliza la reacción violenta de las autoridades; lamentó las muertes, los heridos y los atropellos contra los ciudadanos y añadió que esta situación les preocupa también a otros miembros del Congreso estadounidense; pidió cesar los ataques contra los manifestantes y no estigmatizar a los críticos del Gobierno ni formular teorías conspirativas que hacen más daño. También señaló que al presidente Biden sí le interesan los derechos humanos y por eso seguramente las ayudas que recibe Colombia serán revisadas.
Por el bien del país, es menester que todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad y de la Policía sean investigadas y esclarecidas, de manera simultánea con las acciones penales a que haya lugar por causa de los destrozos y el vandalismo que han afectado supermercados, locales comerciales, bienes públicos y residencias. Con igual rigor deben ser identificados y juzgados los que atentaron contra los CAI en Bogotá y que intentaron quemar a los policías dentro de uno de ellos. La justicia debe actuar en todos los casos.
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