Los ‘elefantes blancos’ que indignan a los tolimenses

Crédito: Archivo / El Nuevo Día.
Un megadistrito de riego incompleto, un parador de transporte que está sin estrenar pero ya presenta deterioro, una estructura a medias que debía ser un hogar para los adultos mayores y un centro de acopio sin cuartos fríos, hacen parte del deshonroso listado de obras hechas con recursos públicos en el departamento.
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Por años el Tolima ha figurado como un departamento en el que abundan los proyectos inconclusos, las buenas intenciones de cubrir una necesidad social, terminan convirtiéndose en monumentos a la negligencia y al despilfarro de recursos públicos.

Lo paradójico o triste de los casos, es que ocurren en municipios en los que escasea el dinero y hace falta inversión, en aquellos territorios en los que constantemente las comunidades reclaman servicios básicos dignos, vías en buen estado y escuelas en óptimas condiciones.

En datos de la Contraloría General de la República, CGR, el 2021 dejó una considerable lista de inversiones que se convirtieron en ejemplos de detrimento, edificaciones que generan entre los habitantes un gran desconsuelo, pues hoy nadie se beneficia de ellas.

Teniendo en cuenta que las obras poseen distintas características, el ente de control los clasificó en tres grupos: ‘Elefantes blancos’ son aquellas obras abandonadas, que no están en uso o se les dio una utilidad diferente al objetivo inicial. En esta edición se abordarán proyectos que recibieron dicho reconocimiento en el Tolima.

También están los ‘Proyectos inconclusos’ que se definen como una obra pública en ejecución y que pasado el tiempo no se finaliza. En la región, la Contraloría tiene identificados 31.

Asimismo, se cuentan los ‘Proyectos críticos’ que se definen como aquellos que tienen dificultades en su desarrollo y están en gran riesgo de convertirse en un ‘Elefante blanco’ o ‘Proyecto inconcluso’. Por ahora, se tienen identificados 55 en el departamento.

 

‘Triángulo’ de enredos e incertidumbre

Tolima.

Uno de los casos más emblemáticos en la región, es el proyecto distrito de riego Triángulo del Sur del Tolima, una megaobra que empezó a construirse el 17 de junio de 2005 entre Coyaima, Natagaima y Purificación. El propósito fundamental es llevar agua a familias indígenas y campesinas de las tres poblaciones y que están distribuidas a lo largo de 24 mil hectáreas.

El presupuesto inicial fue $388 mil 350 millones 700 mil, entre el 2009 y 2014 se hicieron ocho adiciones presupuestales que ascendieron a $106 mil 817 millones, dinero que provino del Presupuesto General de la Nación, igualmente, se sumaron más de $50 mil millones provenientes de otras fuentes, por lo que se calcula que el valor final superó los $500 mil millones.

El proyecto está planteado en tres fases, la primera consistió en la construcción de la bocatoma, el desarenador y el canal de conducción principal. La segunda incluyó el Plan Agropecuario y la construcción de cuatro canales de riego, esta parte de la obra culminó hacia 2014, por lo que se quedó a la espera del inicio de la fase final, de la cual depende la funcionalidad de la obra.

Hasta el 2021 no había certeza del valor del presupuesto que se requiere para concluir la mega estructura, tampoco, de las posibles fuentes de financiación.

Otra problemática es la falta de intervención de los entes ambientales para vigilar y controlar los impactos ambientales que se están originando en área aledaña a la obra, como la desertificación del terreno, además de ello, durante los últimos años se ha originado conflictos sociales.

Estas situaciones y la falta de soluciones concretas para terminar el ‘Triángulo’, generan que la inconclusa estructura, siga siendo calificada por la Contraloría como el mayor ‘elefante blanco’ de la región, pues todavía no cumple el objeto social y económico, con el que fue creado.

Además de ello, la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Tolima, interpuso una Acción Popular por vulneración a la moralidad pública, daños al medio ambiente, entre otros. De la misma forma, la Fiscalía entró a adelantar acciones relacionadas con delitos ambientales y el inadecuado uso de la infraestructura, entre otros.

Hace unos años la CGR determinó varias situaciones, entre ellas, incumplimiento a obligaciones ambientales relacionadas con las licencias, falta de compensación ambiental por los daños generados en el área cercana al llenado del embalse Zanja Honda, la falta de pago de la Tasa por Uso del Agua, entre otros.

A la par, el ente de control adelanta gestiones con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, Cortolima, Agencia de Desarrollo Rural, ADR, el Departamento Nacional de Planeación, la Procuraduría, las Alcaldías, asimismo, con las organizaciones indígenas Acit, Crit, Ficat, la asociación de Usuarios del Distrito de Riego, Utritol, para “concretar acciones que permitan controlar las afectaciones ambientales por el uso irregular de la infraestructura sobre el agua y el suelo”, se precisa en un informe de la CGR.

 

Bien de interés cultural

Tolima.

El Panóptico de Ibagué es un monumento cultural e histórico de la nación, al cual en los últimos 13 años se le ha invertido alrededor de $13 mil millones, a pesar de ello, es una edificación que hasta el momento no tiene un uso permanente, por lo que está clasificado como ‘elefante blanco’, igualmente, se le hace seguimiento a través de la estrategia ‘Compromiso Colombia’ de la Contraloría.

Debido a ello, se han adelantado mesas de trabajo y constantes visitas de obra, actividades que contaron en su momento con delegados del Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Ibagué, las veedurías Mas Tolima, Vapi y Fundaprocol, en dichos espacios “se ha exhortado a las entidades gestoras a garantizar la implementación de las acciones que permitan lo más pronto posible que esta infraestructura sea habilitada como museo”.

Sobre este tema el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, expresó que la parte de la museografía se inaugurará el próximo 25 de febrero y quedaría pendiente el archivo histórico, que espera un aval del Ministerio de Cultura. Además comentó que se cuenta con los recursos que provendrían de la estampilla procultura. Se estima que se requieren entre $2 mil y $3 mil millones.

La idea es que Infibagué sea el operador “estamos haciendo un estudio de sostenibilidad, después del estudio, vamos a presentar al Concejo y el Gobernador nos va a apoyar con un proyecto de ordenanza para la sostenibilidad del Panóptico para que tenga recursos garantizados.

“Todos los museos en el mundo son respaldados de manera directa, ningún museo se sostiene solo, toca respaldarlo”, dijo el burgomaestre en entrevista con esta redacción publicada en la edición del 16 de enero.

 

De espacio deportivo a generador de riesgo social

Tolima.

Otro proyecto que es visto como un símbolo de la pérdida de recursos públicos, es la construcción del coliseo cubierto en la I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento, sede Manuel Tiberio Gallego de Venadillo.

En 2016 a través de licitación pública, se contrató la obra que tuvo un presupuesto inicial de $3 mil 022 millones 022 mil, recursos que provenían del Sistema General de Regalías, SGR.

El inicio de ejecución fue el 8 de abril y el tiempo de terminación establecido fue de seis meses. Con el paso de tiempo se tuvieron tres prórrogas y una adición, por lo que el valor final llegó a los $3 mil 146 millones 920 mil.

Aunque la obra se culminó, hoy es una estructura sin uso y al parecer está en el olvido, “está la pura estructura, sin la parte eléctrica, los pisos vencidos, plaquetas hundidas en más de dos centímetros, no se puede hacer un campeonato de baloncesto porque hay peligro, hay que cambiar el piso total, ya hay partes averiadas en la gradería”, contó el rector Jesús Emilio Lozano.

Además de esta situación, el otro perjuicio es que se incumplió un compromiso que se había establecido entre las directivas de la institución educativa, el entonces alcalde Ílber Beltrán y el contratista, que consistía en que se cedía el terreno a cambio de mejoras en la sede Tiberio Gallego.

“Construyeron el coliseo a medias y de pronto está mal construido técnicamente, según lo que se ve. Quedaron debiéndole al consejo directivo el arreglo del colegio, la luz y todo lo que faltaba, porque en esa época (2020) no había luz, se habían robado los cables”.

Uno de los interrogantes de la comunidad es qué sucedió con el transformador de la luz del Coliseo, pues hace unos años, algunos vieron que lo instalaron y lo retiraron el mismo día, pero nunca lo regresaron.

Teniendo en cuenta el presupuesto destinado, los venadillunos piden que se recupere este espacio pues cayó en manos de los consumidores de psicoactivos. Además a los estudiantes de la I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento y a los jóvenes de Venadillo, les hacen falta espacios deportivos.

Otra promesa rota en la anterior Administración municipal, fue los arreglos en la sede Lucrecia Bocanegra a cambio de entregar un terreno para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil, CDI, aunque se construyó el Centro, no se cumplió con el encerramiento, ni el mejoramiento de la infraestructura. Ante el panorama, los habitantes solicitan investigar a fondo este caso.

 

El relleno sanitario que no fue

Tolima.

En 2007 se empezó a desarrollar la idea de construir un relleno sanitario en Armero – Guayabal, con el propósito de recibir los residuos sólidos de Armero - Guayabal, Casabianca, Falan, Lérida, Líbano, Mariquita, Palocabildo y Villahermosa. El valor destinado fue de mil 776 millones 340 mil pesos, dinero que provenía del Presupuesto General de la Nación.

La obra se empezó a construir en agosto de 2010 y tenía como fecha de terminación el 16 de septiembre. La iniciativa de disposición final de residuos, se iba a desarrollar en 20 hectáreas del predio Las Palmas.

A través de la resolución 3281 del primero de diciembre de 2009, Cortolima otorgó la licencia ambiental a la Alcaldía de Armero – Guayabal, en ella quedó especificado que 12 hectáreas se iban a dedicar a la preservación ambiental y las ocho restantes al relleno.

Las obras incluían construcción de vías, adecuación de celdas para la disposición de basuras, construcción de lagunas de tratamiento de lixiviados, báscula, oficinas y entre otros.

Sin embargo, esa área hace parte de la cuenca del río Sabandija, subcuenca de la quebrada Santo Domingo y posee diferentes drenajes naturales, asimismo, cuenta con una concentración de aguas de escorrentía superficial, lo que para expertos demuestra que es una zona de recarga hídrica continua.

Debido a ello, la propuesta fue cuestionada fuertemente por los habitantes y diferentes sectores sociales de la región, pues con la creación de este botadero, se iba a generar un significativo daño ambiental en la vereda Santo Domingo.

Ante dicho valor ecológico, desde entonces las comunidades emprendieron una lucha en defensa del medio ambiente, su persistencia  generó que por más de una década se librara un proceso jurídico a través de dos Acciones Populares que llegaron al Consejo de Estado.

Demandas que se instauraron en contra del Ministerio de Vivienda, Fonade hoy ENterritorio, Cortolima, la Alcaldía, la Empresa Regional de Aseo del Norte del Tolima Parque Santodomingo, Eranortol e Interaseo.

En marzo de 2021 se conoció que fueron amparados los derechos colectivos reclamados por el ciudadano Ismael Ñustes, que para este caso son el goce a un ambiente sano, a la salubridad pública y acceso a una infraestructura de servicios que garanticen la salubridad y a la defensa del patrimonio.

Por ello, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, suspendió la resolución N° 3281 de 2009 por medio de la que Cortolima concedió la licencia ambiental para el relleno regional. Además, la Sala compulsó copias del fallo a la Contraloría General de la República, la Procuraduría y Fiscalía, por tal motivo les ofició en abril del año anterior, con el propósito de que inicie o continúe los procesos que permitan recuperar los recursos públicos “que actualmente no reflejan el ejercicio adecuado y planificado de la función administrativa en materia de recursos naturales y servicios públicos domiciliarias en Armero – Guayabal”.

 

Un centro de acopio a medias

Tolima.

En el 2010 se contrató en Rovira la construcción de un Centro de Acopio que tenía como finalidad brindar un mejor espacio a los comerciantes de verduras, frutas, cárnicos, entre otros productos. La propuesta que fue bien recibida por la comunidad, tuvo una disponibilidad de $487 millones 983 mil, recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación.

Durante el desarrollo de la obra se contaron tres suspensiones, en una de ellas se explicó que se iba a ajustar el diseño arquitectónico para implementar un cuarto frío con el fin de  madurar productos cárnicos.

Luego, otro argumento para pausar la obra fue que la elaboración del cuarto frío se demoraba 60 días calendario para su instalación. Después, por ola invernal se generaron varios inconvenientes en el transporte.

Con el paso del tiempo se generó una denuncia porque no se contempló el alcantarillado, lo que evitó el uso de la estructura como centro de acopio y el adecuado manejo de productos alimenticios y cuarto frío.

Pasado el tiempo, lo que se tiene al lado de la plaza de mercado, es una estructura que permanece cerrada, sin uso y que iba a ser destinada a los campesinos, igualmente, están los espacios deteriorados en donde se supone iban a funcionar los cuartos fríos.

Ahora, los fines de semanas las personas que llegan de las veredas se deben ubicar en un espacio que no es el más adecuado.

“Hicieron un ‘elefante blanco’, los cuartos fríos están ahí pero no tienen ningún servicio de nada”, indicó una comerciante.

Recientemente, se escuchó por los corredores de la Plaza de Mercado de Rovira, que se tendría proyectado volver hacer una nueva inversión, que incluiría la transformación total del Centro de Acopio que se creó hace 10 años, por lo que algunos expresaron que se debería adecuar el sitio y poner en funcionamiento lo que está, ojalá “que no pase lo mismo, que quede otro ‘elefante blanco’”, añadió una vendedora.

 

Falla geológica

Tolima.

En 2009 se estableció un convenio para la construcción de un acceso vehicular, obras de control de erosión y estabilidad de taludes en el puente ubicado en el sector Zanja Honda, el cual conecta a Roncesvalles con San Antonio, para ello se destinaron $219 millones 976 mil.

Entre 2011 y 2012 se construyó un puente vehicular, que colapsó en octubre de 2012, tras una indagación de la Contraloría se concluyó que el caso no generaba responsabilidad fiscal, pues la obra se ejecutó conforme a los estudios y diseños debidamente aprobados, tal como lo verificó un informe técnico. Luego se determinó que por el sitio cruza una falla geológica, motivo por el cual no es posible realizar nuevas obras.

Pasados 10 años, las dificultades en este sector no desaparecen, a finales de 2021 debido al invierno, se registró un derrumbe que dejó a alrededor de cinco mil personas afectadas, igualmente, se generó una pérdida de banca.

A mediados de enero, el mandatario Jorge Iván Vásquez, explicó que a través del tiempo se ha hecho mantenimiento, pero el fuerte invierno jugó en contra y ocasionó que “se desprendiera en gran proporción parte de la montaña y este a su vez ocasionó la pérdida total de la banca”.

Zanja Honda es un eslabón estratégico para el transporte de San Antonio y su corregimiento Playarrica, igualmente, para los habitantes de Roncesvalles, además conecta estas comunidades con Rovira e Ibagué.

Hace una semana se anunció que uno de los nuevos kit de maquinaria que adquirió el Departamento, llegará a San Antonio para intervenir el sector Zanja Honda, por lo que se espera dar movilidad en los próximos días.

El alcalde Jorge Iván Vásquez en una reciente visita del mandatario Ricardo Orozco Valero a su territorio, expresó que se seguirá explorando las acciones necesarias para “poder solucionar definitivamente, a tener nuestra variante, el rediseño de la vía, no es fácil Gobernador porque los dueños de los predios, en medio de su afectación nos han pedido indemnización económica (…)”.

Vásquez agregó que continuará trabajando hasta que se logre el rediseño de la vía y entregar una solución de fondo.

 

Un hogar de adulto mayor que no vio la ‘luz’

Tolima.

La Alcaldía de Icononzo contrató hace seis años la construcción de la primera fase del Hogar del Adulto Mayor, una propuesta que tuvo como presupuesto $603 millones, de los cuales $500 millones fueron aportados por el Departamento y $103 millones por el Municipio.

Posteriormente se hizo una adición de $148 millones 296 mil, por lo que el presupuesto total ascendió a los $751 millones 296 mil 438 y a pesar que se registra un avance financiero del 81%, la estructura quedó con un 31% de ejecución física.

En diálogo con algunos habitantes, sin dudar expresaron que este es un ‘elefante blanco’, que está a la vista de todos, en total abandono y no pasa nada, asimismo, recordaron el reciente episodio en el que una joven de 22 años sufrió un accidente, cuando ingresó a la abandonada edificación, en busca de un lugar para usar como baño.

Debido a la poca visibilidad en el lugar, la mujer no se percató de los riesgos y terminó cayendo en un pozo de aproximadamente tres metros.

Igualmente, comentaron que el caso ya es del conocimiento de la Contraloría del Tolima, la Fiscalía y la Procuraduría Provincial de Girardot, no obstante, se sigue sin conocer decisiones fiscales, penales o disciplinarias de fondo.

En 2019 se conoció un informe de auditoría exprés por parte de la Contraloría Departamental, en ese entonces se generaron cuatro hallazgos administrativos, dos de ellos con incidencia disciplinaria, por lo que el caso se trasladó a la Procuraduría, igualmente, de la misma forma, se reportó dos hallazgos fiscales por $698 millones, pues la obra no se concluyó.

Y en 2020 la respuesta que le dio el ente de control a un ciudadano que ha hecho seguimiento al caso, es que en esa vigencia se habría adelantado un proceso de responsabilidad fiscal en contra de los exalcaldes Reyes Cortés Hernández y Jorge García, igualmente, se vinculó al contratista.

Ante el marcado deterioro y abandono, algunos lugareños cuestionan a la actual administración, pues a dos años de mandato no se ha visto la búsqueda de soluciones que permitan recuperar la estructura que está ubicada cerca al hospital Sumapaz.

Actualmente, los abuelitos están en una casa ubicada al ingreso del municipio que no tiene  las condiciones necesarias que ellos merecen.

 

Un Parador sin transporte

Tolima.

Otra obra que terminó convirtiéndose en un problema social, fue el Parador de Transportes en Carmen de Apicalá, una obra contratada en junio de 2015 que tuvo un presupuesto inicial de $349 millones 860 mil y tras adiciones llegó a $508 mil 665 millones.

El proyecto fue planteado en dos etapas, la primera comprendía estudios técnicos, desarrollo de diseños y trámites, mientras que la segunda parte tenía el fin de la ejecución de la obra, socialización y entrega en funcionamiento.

Pese a que la estructura se terminó en un 100%, no se tuvo en cuenta si había empresas interesadas en hacerse cargo de la administración, según un informe de auditoría adelantado por la Oficina de Control Interno de la Administración Municipal en 2018, hasta ese entonces, no existía un estudio de mercado real que demostrara la necesidad y el impacto social.

En el documento se precisa “no se abrió la posibilidad real para crear un terminal de transportes, pues el parador construido no tiene la proyección para serlo, por ello, las mismas instalaciones no fueron acogidas por ninguna empresa(…)”.

Asimismo, se especifica que fueron consultadas 12 entidades de transporte, las cuales no respondieron las cartas enviadas, por lo que al ser consultadas telefónicamente habrían expresado que no estaban interesadas.

Igualmente, se precisa que la zona de parqueo tiene una capacidad de estacionamiento para 12 vehículos y no hay espacio para estacionar otros automotores en espera, ni taxis se servicio público, ni particulares.

En 2020 la Contraloría Departamental adelantó una auditoría que evidenció anomalías, irregularidades, falta de planeación en la contratación y en la ejecución, de la misma forma, no se tuvo en cuenta normas reglamentarias en materia de transporte.

La indagación dejó un hallazgo fiscal de $534 millones 860 mil con incidencia disciplinaria y una penal, por lo que el caso fue trasladado a las autoridades respectivas.

Pasado más de un año, los habitantes desconocen si ya hubo decisiones de fondo, igualmente, son testigos de como con el paso del tiempo se deteriora el lugar.

Según habitantes consultados por esta redacción, en su momento cuando el Concejo aprobó la obra, no tuvieron en cuenta el uso del suelo, factor que se convirtió en un limitante, pues al parecer la construcción está en una zona destinada a espacios deportivos y no corresponde a la actividad que se buscaba ejercer.

Teniendo en cuenta que de por medio hay recursos públicos, desde una de las veedurías de Carmen de Apicalá se propone utilizar este espacio para oficinas de la Administración local, la otra alternativa es instalar una ludoteca, pues existen materiales y elementos guardados en una bodega.   

El afán de la comunidad para que se dé un pronto uso, es porque el lugar que está ubicado en la zona céntrica del casco urbano se convirtió en refugio de vándalos, pues al parecer aunque el Paradero no se ha estrenado, ya tiene daños que estarían alrededor de los $50 millones.

 

Planta en San Antonio

Otras obras que en su momento fueron vistas como proyectos sin utilidad, fue la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el sector la Sapera de San Antonio, para ello se dispuso de un presupuesto final de $159 millones 617 mil, recursos del Municipio.

Según datos históricos, la obra se empezó a ejecutar en enero de 2006 y se entregó en 2008, sin embargo, no generó ningún beneficio a la comunidad, motivo por el cual en 2019 se interpuso una denuncia, pues la construcción estaba abandonada.

 

¿Intervención en escuelas en veremos?

En diciembre de 2013 en Ataco a través de la modalidad de contratación selección abreviada, se puso en marcha la construcción de unidades sanitarias y obras de adecuación de las sedes escolares en las veredas Lindosa, San Pablo, Balsillas, Mesa de Pole, Monteloro, El Brillante, la Dorada, el Cóndor y las Moras. El presupuesto destinado fue de $111 millones 601 mil 466 y provenía del Sistema General de Participaciones, SGP, dinero con el que se buscaba beneficiar a 380 estudiantes.

Sin embargo, hasta el 2019 la obra estaba suspendida y con un porcentaje de ejecución del 50%, tras una verificación del estado por parte de la Contraloría General, se decidió incluirlo a la estrategia ‘Compromiso Colombia’, para lograr rescatarlo y concluirlo.

Credito
XIMENA VILLALBA C.

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