Desde el pasado 5 de enero inició el proceso de licitación para la interventoría del acueducto complementario de Ibagué, la labor tendrá un costo de mil 761 millones de pesos.

Alrededor de esta licitación, los interesados en participar han expresado algunas preocupaciones. Por ejemplo, por qué se incluyó en los pliegos de condiciones un asesor jurídico y aportar certificaciones de hasta mil 800 millones en procesos anteriores.

Para dar claridad a estos temas EL NUEVO DÍA contactó al gerente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado (Ibal), Alberto Girón.

¿Por qué el asesor jurídico?

“El asesor jurídico se solicita porque la empresa interventora o el contratista que se quede con la licitación, va a tener que enfrentarse a procesos de imposición de servidumbres, de manejo predial, entre otros que ya están dados.

“Esto nos permitirá que el proceso avance sin contratiempos, no podemos improvisar y retrasarnos por cosas mínimas en un proyecto tan importante y de tal envergadura como este”, aseguró.

De igual manera, Girón señaló que no existe interés alguno para que el contrato de interventoría llegue a manos de empresas bogotanas y por el contrario se busca que la empresa local pueda participar del proceso, es por ello que se le brindó, según Girón, más oportunidades.

¿Por qué presentar siete contratos como certificación?

“Hay una mala interpretación del pliego, pues lo que buscamos es que las empresas presenten interventorías que hayan hecho y que sumadas hasta en siete contratos, sumen mil 800 millones de pesos, de esta forma se pueden presentar para la licitación de este contrato, con la iniciativa buscamos ser más incluyentes, se abre la posibilidad para que la firma local pueda participar del proceso y no se limite”, enfatizó.

El servidor público agregó, “no pueden ser contratos inferiores a los 250 millones de pesos, porque el comité técnico que tiene la empresa, dice que la encargada debe ser una persona idónea y que haya realizado una obra similar a la que se va a contratar. No creo que sea una exigencia exhorbitante, ni limitante en el pliego de condiciones”.

Mañana se cerrará la presentación de ofertas e inicia el proceso de evaluación donde, hasta el momento se han presentado dos firmas interesadas que conocieron de primera mano la obra.

Cabe recordar que el Ibal es regido por la Ley 142 de servicios públicos, en donde se impuso el manual de contratación que está vigente desde el año 2015, este fija los tiempos de apertura y cierre de procesos de contratación los cuales únicamente pueden ser modificados por petición de los oferentes.