De acuerdo con el informe de contingencias judiciales, hubo un incremento en las acciones de restablecimiento del derecho, acciones de tutela, acciones populares y de cumplimiento, entre otros, con respecto al número de procesos con corte al 31 de marzo de 2017. 

El número de personas a quienes se les habría violado algún derecho, pasó de 596 a 888 en nueve meses. Así mismo, se duplicó el valor de las pretensiones que pasó de 22 mil 500 millones de pesos a $24 mil 362 millones, es decir, con una diferencia de mil 842 millones de pesos.

“El Municipio viene enfrentando una serie de demandas que son demasiado costosas y a las que no se les ha puesto cuidado. Pero a esto se le suma, todas las demandas que tienen los entes descentralizados como el caso del Ibal e Infibagué donde se ha generado una serie de inconvenientes por el mismo concepto”, señaló el concejal Humberto Quintero.

Sin embargo, el número de procesos tiene un nivel de riesgo de medio y bajo.

De acuerdo con el cabildante, al elevado número de denuncias no se indexan las acciones de grupo para la reubicación de asentamientos en zona de alto riesgo. 

En la actualidad, el Ejecutivo destina cerca de dos mil 300 millones de pesos por vigencia fiscal para atender los procesos aperturados y los requerimientos de la justicia. 

Aunque EL NUEVO DÍA  se comunicó con la jefe de la Oficina Jurídica, Gloria Millán, para conocer el consolidado de los procesos resueltos a favor y contra de la Administración, la funcionaria resaltó que aún no se tiene consolidada la información.