El docente y accionante Félix Salgado Castillo, explicó que también se pretende proteger el derecho colectivo a la participación.

“Tanto la Constitución como la ley 30 u otro tipo de normas, (explican) claramente que la comunidad académica debe participar en la toma de decisiones al interior de la institución”, precisó.

Agregó que del mismo modo, se quiere proteger el patrimonio de la UT y que se suspendan los efectos del periodo de interinidad, ya que se frenaron los procesos democráticos y se optó por nombrar decanos y administrativos interinos.

Por ello, una de las solicitudes en la acción popular es que se nombre un rector encargado durante el término legal de tres meses, “periodo dentro del cual se deberá proceder a adelantar los procesos democráticos estatutarios (...)”.

Además, se pide cesar los efectos de los acuerdos del Consejo Superior 021 de 2016, mediante el cual se establece un periodo de transición de un año para superar la crisis de gobernabilidad y recuperar la estabilidad financiera bajo la dirección del rector Ómar Mejía.

Y el 031, en donde se suspenden los procesos de elección de representantes ante los diferentes consejos y de decanos.

Otra de las solicitudes es reintegrar a los funcionarios despedidos de la universidad y que actualmente se encuentran con procesos de demandas.