Tribunal ordena acciones para mitigar muertes en el puente de la Variante

Crédito: Jorge Cuéllar / EL NUEVO DÍALa comunidad ha llamado la atención de las autoridades para que se tomen medidas por el gran número de personas que en el lugar se han lanzado al vacío.
En una decisión de primera instancia se le pide al Municipio, la ANI y la APP Gica adoptar una serie de medidas en favor de la comunidad.
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El Tribunal Administrativo del Tolima falló en primera instancia a favor de la Personería de Ibagué en la acción popular interpuesta por la entidad que busca que las partes involucradas adopten medidas para evitar que el puente de la Variante en la doble calzada Ibagué-Boquerón, se convierta en el lugar donde las personas atentan contra su vida. 

Según la Personería, con la acción popular se pretendía que, además de acciones dirigidas a la prevención de ideaciones suicidas se lograra que en el lugar se pudiesen instalar barandas, rejas ‘antiescala’ y mallas en ambos lados de la estructura. 

En ese sentido, el Tribunal resolvió declarar al Municipio, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la sociedad APP Gica responsables de la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida. Asimismo, emitió órdenes para las entidades accionadas.

“Luego de una ardua batalla jurídica y transcurridos dos años, el 26 de enero la Personería de Ibagué, con providencia del Tribunal Administrativo del Tolima obtiene un fallo que ordena amparar los derechos colectivos considerados vulnerados”, dijo la personera Francy Ardila. 

 

A la ANI y la APP Gica

El Tribunal señaló que siendo la ANI y la APP Gica las entidades encargadas del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la doble calzada, deben en un término no mayor a tres meses adoptar las medidas contractuales, presupuestales, técnicas y estructurales para restringir que la infraestructura del puente sea utilizada por personas con intenciones de lanzarse al vacío, sin que esto afecte el tránsito vehicular y peatonal.

O en su defecto le pide que se instalen mecanismos que permitan disuadir o alertar a las autoridades. 

“Esta medida puede ser sustituida por una solución de ingeniería, con eficacia probada, en la cual, mediante la utilización de instrumentos electrónicos, eléctricos, metalmecánicos o afines, se implemente una combinación de estímulos sonoros, luminosos, sensoriales, etc., que a la vez sirvan de aviso a las personas que se encuentren en los alrededores del puente o en los centros de atención dispuestos para efecto, respecto de la existencia de un evento suicida en ese sitio (...)”, reza el fallo. 

 

En el Municipio

 

Para el caso del Municipio, se le pidió que en un término no mayor a dos meses, a través de la Secretaría de Salud, se realice un documento con un análisis detallado de las políticas públicas que se vienen ejecutando frente al suicidio en la ciudad, en donde se analice su eficacia y efectividad. 

Derivado de dicho análisis se pidió que se actualice el acuerdo 002 de mayo del 2021, “por medio del cual se adopta la política nacional de salud mental y la política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas y se dictan otras disposiciones”. 

Asimismo, que a través del mecanismo que se considere se disponga de una línea de atención de crisis, gratuita, permanente y de fácil acceso, la cual debe ser operada por profesionales en psicología y psiquiatría, realizando para ello las gestiones administrativas y presupuestales pertinentes. 

También se ordenó la instalación de cámaras para que la Policía y demás entidades encargadas hagan vigilancia, las cuales deben tener un mantenimiento y funcionamiento continuo. Cabe reseñar que en una respuesta que la 

Alcaldía entregó, de nuevo se reiteró la puesta en marcha de acciones para la prevención y afecciones de salud mental y la prevención y atención del suicidio, además de capacitaciones a los medios de comunicación sobre el tema.

El Tribunal Administrativo del Tolima pidió que además se conforme un comité de verificación, conformado por la Personería, el Municipio, la ANI y la APP Gica para hacerle seguimiento a lo ordenado. 

 

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Credito
REDACCIÓN IBAGUÉ

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