Estas afirmaciones plantean que el problema de la justicia tiene como causa la falta de recursos y de voluntad del Estado, especialmente de los gobiernos, para asignarlos. Este tipo de diagnósticos son frecuentes en Colombia para los más diversos temas como el gasto social y los aportes parafiscales. No obstante implican una mayor inflexibilidad del presupuesto que ya asciende al 95 por ciento, según un estudio de la Universidad de los Andes.

Si la justicia es ineficaz como consecuencia de la congestión, la respuesta evidente sería que un mayor presupuesto debería destinarse a nombrar más jueces y fiscales. Con más recursos se resolvería el problema. Este razonamiento contrasta con las cifras y la comparación internacional. Por ejemplo, el presupuesto colombiano para la Rama Judicial en 2010 fue del 1.24 por ciento del Presupuesto General de la Nación (sin incluir la Fiscalía o Medicina Legal), en el mismo periodo en Chile el monto correspondió al 1.36 por ciento. El número de jueces en Chile por cada 100 mil habitantes es de 6.5 (entre 2008 y 2009), por su parte en Colombia es de 11.72 jueces. No obstante en Chile hacer cumplir un contrato por la vía judicial dura 480 días, en Colombia la duración es de 843.9 días. Por lo anterior, creer que la simple asignación de mayor presupuesto resuelve la crisis es una sobresimplificación de la problemática en la justicia.    

Es evidente que algo falla y lo primero es la rendición de cuentas de la Rama Judicial sobre el uso eficiente de los recursos asignados. La Rama tiene que contar con un sistema de información explicar con mayor claridad por qué sus indicadores son bajos. Dar más recursos sin control político por la sociedad es entregar nuestros impuestos a un hueco negro.

Por otra parte, varios estudios muestran que los principales obstáculos de acceso a la justicia en Colombia son el costo económico, el desconocimiento del derecho, el miedo a las represalias, la falta de tiempo y la distancia. Todos estos aspectos evidencian problemas de gestión, por lo que hoy no es claro que sea un problema institucional que deba ser resuelto en un acto legislativo.

*Senador