Ha pasado inadvertida en los medios de comunicación la discusión del proyecto de Código Electoral, con excepción de una errada interpretación que trata de equiparar el registro o censo electoral con el llamado empadronamiento.

Es importante que los colombianos vuelquen su atención a esta iniciativa, pues la calidad del proceso electoral es la legitimidad de la democracia. El proceso electoral es el mecanismo a través del cual el voto se transforma en decisiones, elección de funcionarios y aprobación de iniciativas.

En este sentido las campañas, la jornada de votación y, sobre todo, el escrutinio son procesos que deben ser estructurados, garantizando transparencia e imparcialidad y, por lo tanto, deben mantener la pureza del voto depositado o marcado por el ciudadano.

Hoy en día el ciudadano vota y se hace un preconteo en la mesa. En ese momento comienza una historia de elaboración de actas y transcripción de textos. Cada mano que interviene en cada paso tiene la capacidad de alterar el resultado. Hay cerca de 29 formularios que se diligencian, algunos de ellos con varias copias, como el tristemente célebre E-14.

El sistema electoral debería tener controles para evitar que se presenten desviaciones; en ese sentido, el rol de los jurados y de los testigos electorales es fundamental. En el proyecto de Código que hemos venido trabajando, se está facilitando al máximo que los ciudadanos puedan reclamar ante situaciones irregulares y, sobre todo, que el Estado dé una respuesta efectiva y evitar lo que hoy sucede: la elección de cientos de funcionarios y miles de reclamaciones transformadas en demandas.

El cambio fundamental estará en la aplicación del voto electrónico. Ha habido dos leyes anteriores que avanzaron en crear las condiciones necesarias y una institucionalidad que logre dicha transformación. Estamos dando un paso adicional: hay que hacer del voto electrónico la regla general, para que el tarjetón sólo aplique en circunstancias excepcionales.

El costo de esta iniciativa es muy inferior al que tiene. Seguir desperdiciando toneladas de papel en millones de abstencionistas y perpetuar la vulnerabilidad del sistema democrático, que justifica a muchos en su decisión de no participar.

El status quo no es una opción, el cambio es una necesidad a la que deben responder las altas autoridades de la Organización Electoral. Éstas, algunas reelectas, están al debe con el país, luego de un proceso fallido con más de un centenar de asonadas y casos como el de Bogotá, donde pasó más de un mes para que se definiera la composición del Concejo en medio de dudas y denuncias.

*Senador