El Ministro de Hacienda y Crédito Público ha dado a conocer su posición sobre el proyecto de ley que presenté ante el Congreso por el que se dictan normas para garantizar la atención integral a drogadictos. A juicio de esta entidad los costos totales de prestar atención a las personas que sufren de esta enfermedad, pueden oscilar entre 1.9 y ocho billones de pesos. La conclusión rápida y eficiente es que ni en el Presupuesto Nacional ni en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, están previstas las partidas necesarias para el efecto y sobrepasan los recursos destinados a la cuenta de alto costo. En consecuencia, el Ministerio “se abstiene” de emitir concepto favorable.

En los últimos meses, el Gobierno colombiano ha manifestado su convicción de la necesidad de abrir la discusión sobre la política mundial en contra de las drogas ilícitas y explorar nuevas opciones. El primer paso para reorientar una política es cambiar las prioridades de inversión de los recursos públicos. Por lo anterior, sorprende que esta iniciativa, antes que encontrar el respaldo o la cooperación técnica del Ministerio para hacer los ajustes necesarios, tenga, en cambio, que superar este tipo de veto.

Resulta aún más extraña esta reacción, cuando el Plan de Reducción del Consumo adoptado por el Gobierno anterior preveía la inclusión de la atención de los adictos en el POS. Iniciativa bien intencionada que se quedó en la mitad del camino, por las dificultades que afrontó el sistema de salud. Los distanciamientos con Uribe parece que no sólo se dan en materia de seguridad, sino en puntos decisivos de la política social.

Así mismo, no se tiene en cuenta la consideración de costo beneficio. No invertir decididamente en la prevención y la superación de la adicción genera inseguridad en nuestras calles. La falta de tratamiento afecta los recursos del sistema de salud en otras áreas como el tratamiento del Sida (enfermedad de alto costo), la multiplicidad de atenciones en los servicios de urgencia. Y no se considera la forma cómo esta enfermedad impacta la estabilidad y la economía de las familias.  

Los seis mil 766 millones de dólares de cooperación de los EE.UU. para la ejecución del componente militar del Plan Colombia no han logrado desmantelar el negocio del narcotráfico ni frenar el consumo. Es evidente que hay que hacer cambios. La prevención y la superación requieren de recursos para ello y este proyecto de ley pretende ser la fuente de ese compromiso social con las víctimas de una enfermedad que socialmente la rechaza, pero que no hace nada por su rehabilitación.

*  Senador