Colombia ha sido un país convulsionado, sumido en guerras, rebeliones y violencias, que se transforman y mutan a pesar de los intentos por solucionarlas. La violencia bipartidista de mediados del siglo XX logró su solución mediante el Frente Nacional, que no alcanzó a incorporar a las guerrillas socialistas, que aun subsisten. Cincuenta años de esta clase de violencia hemos padecido, mientras asoman y languidecen otras, fruto del contrabando, el narcotráfico y los paramilitares. 

Ha habido marchas memorables, como aquella del silencio liderada por Jorge Eliécer Gaitán el 7 de febrero de 1948, cuando dirigiéndose al presidente Mariano Ospina Pérez dijo: “Impedid, señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo”. Dos meses después, el 9 de abril, sería asesinado. 

En 1962, el gobierno de Guillermo León Valencia ordenó operativos contra las llamadas repúblicas independientes, como la de Marquetalia, supuestos refugios de los antiguos guerrilleros liberales. Algunos consideran que fue un error de apreciación de Valencia, pues los operativos dieron inicio a una nueva etapa de la lucha guerrillera. 

En 1984, el Gobierno de Belisario Betancur convocó marchas por la paz bajo el símbolo de la paloma blanca. Se firmó la paz con las FARC, pero los "enemigos agazapados", que denunció Otto Morales, exterminaron a más de dos mil miembros de la Unión Patriótica, en uno de los más terribles crímenes políticos de nuestro pasado reciente. 

El 26 de octubre de 1997, cerca de diez millones de personas votaron un mandato por la paz. Se exigía a los actores del conflicto y al Gobierno que lo resolvieran pacíficamente, no más muertes, secuestros ni reclutamiento de menores. Fue el antecedente obligado para el Gobierno del siguiente cuatrenio. 

Entonces, el gobierno de Andrés Pastrana, ofreció intentar una paz negociada, creó la zona de despeje de San Vicente del Caguán (1999-2002), como garantía para las FARC, lamentablemente se convirtió en zona de delito e impunidad. El intento fracasó y fue una de las más grandes frustraciones para los colombianos. 

El Gobierno de Álvaro Uribe ofreció y aplicó una política de confrontación y autoridad frente a las FARC, que justificaron su reelección. El 4 de febrero de 2008, se realizaron marchas de protesta en diferentes ciudades del país y del mundo, participaron más de doce millones de personas, cansados de las muertes y los secuestros, gritaron: 'No más FARC'. Sin embargo, todo continuó. 

El actual Gobierno de Juan Manuel Santos, no obstante haber ofrecido seguir con las políticas de su antecesor exploró secretamente con las FARC establecer unos diálogos, que los llevó a las negociaciones que se adelantan en La Habana y que han sido objeto de críticas por partidarios del anterior Gobierno. Al mismo tiempo, el Congreso aprobó el Acto Legislativo 1 de 2012, que establece la justicia transicional como marco jurídico para la paz. 

Lamentablemente, los diálogos con las FARC han quedado atrapados en el peor escenario, en la coyuntura de los dos últimos Gobiernos y en las expectativas de reelección del Presidente, convirtiéndolos en objeto de política partidista y electoral. 

La Marcha por la Paz del 9 de abril de 2013 fue inicialmente organizada por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la Marcha Patriótica y Colombianos y Colombianas por la Paz en homenaje a las víctimas y en respaldo a la paz. Se invitó al presidente Juan Manuel Santos, quien aceptó y la promovió. Se sumaron diferentes sectores sociales y partidos políticos. Los contradictores, simpatizantes de Álvaro Uribe, sostuvieron que se trató de una forma de legitimar a quienes han cometido actos terroristas y delitos de lesa humanidad. 

La Plaza de Bolívar en Bogotá se llenó con más de cuarenta mil personas y se estima que marcharon alrededor de doscientas mil, sin que se presentaran incidentes ni desordenes. En otras ciudades hubo pequeñas manifestaciones: en Cali cinco mil personas, en Medellín dos mil, en Ibagué dos mil, en Cartagena mil, en Pereira mil, en Bucaramanga mil, y en Cartago doscientas. 

Si bien no se puede hablar de un fracaso, tampoco se puede proclamar un claro triunfo. Se trató de una marcha inicialmente convocada por las fuerzas políticas de izquierda, que a pesar de los esfuerzos del Gobierno y otras organizaciones, no logró borrar ese sesgo político que ahuyentó a simpatizantes de otras tendencias. 

Los colombianos queremos la paz, de eso no cabe duda, sin embargo, estamos expectantes del contenido de los acuerdos y de la forma como deberá operar la justicia transicional; en otros términos, se quiere la paz, pero aún no conocemos el precio que se debe pagar por ella y si las FARC estarán a la altura de los compromisos. 

Finalmente, la paz no es un problema de Presidente, expresidentes, alcaldes o partidos políticos, es de todos y necesariamente pasa por la VERDAD, la JUSTICIA y la REPARACIÓN.