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No es solo un problema de protesta social, ciudades e inmigrantes. En el Cauca se libra una guerra entre las disidencias de las Farc y el Eln, por controlar las rutas del narcotráfico. Pese a haber sido reforzados por 3.200 soldados en diciembre, van 65 líderes asesinados en 2020. El ministro Carlos Holmes se limita a repetir que no los mata el gobierno, pero no responde por la desprotección de los civiles frente a los violentos. El Estado parece haber renunciado a su soberanía en el litoral Pacífico. Cauca, Nariño y Chocó están quedando a merced de los carteles mexicanos y sus cadenas de terror criminal.
El senador Feliciano Valencia, líder indígena del Cric, denuncia en la revista Semana la inoperancia de la Fuerza Pública: “La minga venía cuestionando el tema de la matanza en el suroccidente colombiano; venía cuestionando la fracasada política de seguridad de este Gobierno, la presencia de un numeroso personal militar en esa región del país, pero las muy pocas acciones en contra de las estructuras criminales del narcotráfico y la minería ilegal… ¿Qué pasa con las fuerzas del Estado que saben de la matanza, la minería ilegal y el narcotráfico en el Cauca, pero no actúan? La política de seguridad o no está funcionando, o no quiere funcionar en los territorios”. Tres días después de sus declaraciones fue objeto de un atentado, que atribuyó a las disidencias de las Farc, del que por fortuna salió ileso.
Coinciden con él los ciudadanos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Villavicencio y Manizales. En la encuesta de Polimétrica un 52% califica de muy malos los resultados contra el narcotráfico y un 50% contra las bandas criminales. Esas que asesinan a las comunidades comprometidas con los programas de sustitución de cultivos, implementados por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación del Acuerdo de Paz, a cargo de Emilio José Archila. Los reinsertados están entre dos fuegos: los matan los narcos por cumplir los acuerdos y el partido de gobierno los hostiga por no cumplirlos. En julio se presentaron 6 masacres, 11 en agosto y 16 en septiembre.
Le están apuntando al enemigo equivocado: el general Atehortúa, director de la Policía, denunció infiltraciones terroristas en la minga, que no se dieron; Fernando Londoño en “La Hora de la Verdad” graduó de héroe al ministro Trujillo, difundiendo la mentira que aprovechó la minga para destruirles 63 laboratorios de coca en sus territorios. La Policía tuvo que aclarar que las operaciones contra el narcotráfico no se realizaron en resguardos ni territorios controlados por los indígenas. Una desinformación peligrosa, así como el doble discurso de mostrarse amigo del acuerdo en Naciones Unidas y enemigo en Colombia. Al paso que vamos, quizá sea la seguridad y no la paz la bandera que enarbolen los candidatos de todos los matices, para enfrentar a la derecha en las elecciones presidenciales de 2022.
P/ La muerte de don Carlos Alvarado me causa un enorme dolor. Hombre admirable, empresario sin tacha, ejemplo a seguir. Un saludo solidario a su familia. Estamos con ustedes.
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