Una realidad: han sido los medios de comunicación los que han destapado los grandes escándalos de corrupción y alertado al país de organizaciones delictivas enquistadas en organismos públicos y en entidades privadas, y conciertos para delinquir en los que toman parte funcionarios y particulares.

Medios y periodistas, en ejercicio de su libertad de información, establecieron hace años -antes, inclusive, de la Constitución de 1991- las unidades investigativas, que permitieron evitar la impunidad en numerosas ocasiones. Y en años recientes ha sido por conducto de los medios que la opinión ha tomado nota de escándalos tan graves como los mal llamados falsos positivos -verdaderos crímenes de lesa humanidad-, las interceptaciones ilegales de comunicaciones -las de ayer y las de hoy-, la ‘parapolítica’, los privilegios existentes en cárceles comunes y en reclusorios militares; los ‘carruseles’ de la contratación; los casos de corrupción en el Ejército, en municipios y departamentos y en algunos despachos judiciales; las ‘pirámides’; las estafas en la Bolsa; la “mermelada” repartida para comprar conciencias… En fin, una labor que, salvo casos muy excepcionales en que se ha afectado la honra y el buen nombre de personas inocentes (lo que también ha ocurrido, y es malo que haya ocurrido), ha sido en general fundada en hechos reales y probados, o cuando menos ha dado lugar a la actuación de los órganos de control e investigación.

Bien por los medios. Pero merece análisis el que sean los medios los que primero lleguen y que sólo entonces actúen las autoridades. Ya se ha vuelto costumbre que el Estado, cada vez con mayor frecuencia, decida “a remolque” de los informes periodísticos y como consecuencia de los escándalos.

Así, por ejemplo, no es edificante, y por el contrario, desalentador, que el Gobierno -el Presidente de la República, el Ministro de Defensa- hayan sido “chiviados” por la revista Semana, dos veces en menos de dos semanas, sobre las interceptaciones ilegales de ‘Andrómeda’ y la corrupción en algunos estamentos del Ejército. El conocimiento público tardío de tales hechos ha dejado al descubierto que el Ejecutivo no tenía control alguno en esas materias, o -lo que sería peor- que todo se produjo a su ciencia y paciencia, y sin ninguna indagación de carácter interno.

La deplorable actuación gubernamental ha consistido en una sucesión desordenada de determinaciones a posteriori, por cuya forma improvisada y equivocado manejo se ha perjudicado en algunos casos a oficiales cuya presunción de inocencia no ha sido desvirtuada -no hay nada más dañino que la siembra de la duda-, amenazando además con desprestigiar a toda la institución militar, que, en cuanto tal, no lo merece.