En reciente debate académico sobre el papel del periodismo en una democracia, a la vez que subrayábamos las libertades de expresión, información, investigación, denuncia y crítica -esenciales en un sistema jurídico que excluye toda forma de censura-, también destacábamos la importancia de la responsabilidad que asumen medios y periodistas a partir del ejercicio de esas libertades.
Para que el Estado -en particular, si se proclama democrático- tenga sentido como organización política de la sociedad y pueda alcanzar los objetivos y realizar los valores que ella procura, resulta indispensable que las instituciones funcionen, es decir, que los principios y normas contemplados en ejercicio de la soberanía -por la Constitución- sean aplicados, inclusive en el evento de una crisis o en épocas turbulentas o especialmente complejas.
Siempre hemos pensado que, siendo de interés público -diríase que de interés público fundamental- los debates que se surten en la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de la guarda de la integridad de la Constitución, deberían ser públicos. Ello permitiría no solamente que el ciudadano del común estuviera bien informado acerca de los argumentos y criterios de los magistrados y su razonada exposición, confrontación y votación, sino que evitaría la inconveniente especulación mediática sobre proyectos de fallo -indebidamente filtrados-, que se ha vuelto costumbre, en especial cuando se trata de asuntos altamente controversiales.
Algunos acontecimientos, actos y discursos recientes sugieren la necesidad de hacer precisiones, con miras a evitar equívocos y confusiones que perjudican a la sociedad:
Resaltemos una vez más la necesidad de reglas claras, que son requisito esencial de convivencia en el interior de cualquier sociedad, con mayor razón si se ha organizado como Estado de Derecho.