Nuestro sistema político ha optado, desde las primeras constituciones, por la separación funcional entre las ramas y órganos del poder público.

Resaltemos una vez más la necesidad de reglas claras, que son requisito esencial de convivencia en el interior de cualquier sociedad, con mayor razón si se ha organizado como Estado de Derecho.

Dispone el artículo 73 de la Constitución: “La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”.

Como lo dije públicamente hace unos días, el presidente de la República no necesita, ni está obligado a responder -en las redes sociales- a toda publicación, opinión o información de los medios y periodistas acerca de su gobierno. Tampoco le está prohibido

El país ha vuelto a convulsionarse políticamente por cuenta de palabras deshilvanadas, reclamos incoherentes, filtraciones, publicaciones, trinos, especulaciones, dudas y preocupaciones políticas. No es el caso de tomar partido en uno u otro sentido, justamente porque todo ha sido mediático, y, en consecuencia, no hay decisiones institucionales. Ha faltado información fidedigna y completa, pruebas y seriedad, todo lo cual ha conducido a la oscuridad existente, que está causando daño a la sociedad y a la estabilidad política.

En España, las elecciones autonómicas del pasado domingo 28 de mayo fueron un verdadero desastre, tanto para el PSOE, en el poder, como para Pedro Sánchez, su líder y en la actualidad el presidente del Gobierno.

Con independencia de la orientación política que prevalezca en la búsqueda de la paz -que, pese a las propuestas oficiales de diálogo y cese de hostilidades, parece cada día más lejana-, lo cierto es que la sociedad colombiana, en todos sus sectores, debe hacer un alto en el camino, para meditar y dialogar sobre su futuro, cada vez más incierto.

Manifesté hace poco en el excelente Foro llevado a cabo en la Universidad del Rosario sobre la Constitución de Rionegro, que uno de los fundamentos del sistema democrático radica en la estabilidad del ordenamiento jurídico, comenzando por la Constitución. Lo decía a propósito del conocido carácter rígido de la Carta de 1863.

En próximos días el Congreso dará trámite al proyecto de ley denominado ‘Trabajo por el cambio’, que el Gobierno Nacional ha presentado en materia laboral, con el objeto de busca rescatar derechos y garantías que se han venido desconociendo, como las referentes a la jornada máxima, la remuneración de las horas extras, la estabilidad de los trabajadores, la igualdad y la equidad de género, entre otros.

Decía el artículo 10 del Título XII de la Constitución de Cundinamarca de 1811: “Ninguno puede ser privado de la menor porción de sus bienes sin su consentimiento, sino en el caso de que la necesidad pública, legítimamente acreditada, así lo exija; pero aun entonces, es bajo la implícita condición de una justa y precisa indemnización”.