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Esta situación no es nueva, cada vez que se quiere ganar opinión política o distraer la opinión, no falta un proyecto de ley que busque disminuir el número de curules, desconociendo el problema de fondo; hoy existe en nuestro país un gran desgaste del actual modelo de representación democrática causado por la poca e intermitente comunicación entre elegidos y electores. Electos los candidatos se desconectan de sus bases, el diálogo de campaña se cambia por irrisorias transacciones poselectorales conseguidas en una malsana relación entre el ejecutivo y el legislativo.
No hay duda que la protesta social de los jóvenes durante estas últimas semanas es una evidencia de dicho desgaste y de la necesidad de replantear el actual modelo.
Las últimas encuestas publicadas en medio del paro nacional muestran que los jóvenes creen que lo más importante para dejar de protestar es dialogar, dialogar con y entre todos, mientras que reformar el Congreso de la República y reducir el salario de los congresistas está en los últimos lugares.
Así las cosas, surge la pregunta sobre cuál debe ser entonces ese nuevo modelo democrático.
Un modelo que podría reemplazar o complementar al actual y desgastado modelo es el conocido como democracia deliberativa.
Debo recordar que no es la primera vez que hago esta reflexión, hace aproximadamente nueve años, en julio de 2012, con motivo de la ola de indignación que se vivía por esos días, en este mismo espacio me atreví a escribir que, así como se modificó la tradicional democracia representativa sumándole elementos de democracia participativa, la democracia deliberativa debería irrumpir en los sectores sociales y políticos.
La democracia deliberativa busca complementar la noción de democracia representativa mediante la adopción de un procedimiento colectivo de toma de decisiones políticas que incluya la participación activa de todos los potencialmente afectados por tales decisiones, y que estaría basado en el principio de la deliberación, que implica la argumentación y discusión pública de las diversas propuestas.
Esto evitaría el factor común de los fenómenos de indignación: la reacción ciudadana a los atropellos de quienes toman las decisiones, “Las decisiones sólo pueden ser legítimas si llegan como consecuencia de una deliberación pública por parte de la ciudadanía”. Lo invito a reflexionar íntimamente sobre la utilidad de este modelo en medio de una reforma tributaria o de salud.
Por supuesto que esta modificación es impensable bajo los actuales criterios y paradigmas políticos, sin embargo, si no avanzamos por lo menos en el debate académico y político nos mantendremos en una situación de inconformidad e indignación permanente.
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