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Es claro que aún no existe autonomía política en las regiones, tampoco existe autonomía fiscal, la explicación de esto es la primacía del estado unitario. El criterio para no brindar una autonomía plena a las entidades territoriales, como lo indica Manuel José Cárdenas, es que la Constitución de 1991 estructuró la autonomía de los municipios y departamentos dentro del modelo moderno de la descentralización, en ningún momento se alejó del concepto de unidad que armoniza los intereses nacionales con los territoriales.
No existe autonomía política porque el Congreso dejó de ser el vocero de las regiones ante el gobierno nacional y se convirtió en el vocero del gobierno nacional en las regiones. El trabajo parlamentario se ha convertido en servir la mesa en los municipios para que los funcionarios del orden nacional bajen sus políticas a las localidades, la gran gestión se está convirtiendo en traer funcionarios.
Además, los alcaldes y gobernadores están sujetos a gestionar la oferta pública del orden nacional, oferta que está diseñada y programada desde el centralismo por funcionarios que en muchas ocasiones no conocen la realidad local. La autonomía fiscal no existe ya que la mayoría de los impuestos se recaudan para el gasto y la inversión del gobierno nacional, y aquellos recursos que se definen para el sistema general de participaciones o para el sistema de regalías están inflexiblemente definidos y orientados. Según Eduardo Verano de la Rosa, ex gobernador de Atlántico, solamente el 15 por ciento del presupuesto les queda a las regiones para que lo manejen con autonomía.
El paradigma vigente para que los municipios y departamentos consigan recursos de la oferta nacional son las convocatorias públicas, desafortunadamente, este sistema profundiza la desigualdad administrativa ya que son las entidades territoriales más preparadas las que logran participar de dichas ofertas. Al final, se profundizan más las brechas territoriales. Un fenómeno que preocupa es la constante delegación de funciones que hace el gobierno nacional a los gobiernos locales sin fortalecer las finanzas de los municipios y departamentos. El Estado le sigue debiendo a las entidades territoriales una reforma que modernice las finanzas municipales y departamentales, sin esta es muy difícil que los gobernantes puedan promover mayores dinámicas de desarrollo. Así las cosas, la descentralización es una de esas tareas pendientes que soñaron los constituyentes del 91.
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