Una de las reformas pendientes de la Constitución de 1991 es la manera como se elige el Senado, que se ha convertido en una fuente de corrupción electoral y política. La carta de 1886 tenía circunscripciones departamentales de acuerdo con el número de habitantes. A decir verdad, no era tan mal sistema. El problema es que dio origen a unas baronías electorales que carecían de toda visión nacional y que sólo pensaban en sus feudos electorales, y el otro pecado era que anulaba la participación de las minorías políticas en el Senado.

El constituyente de 1991 quiso corregir esos vicios, acabar con los caciques políticos y darle participación a las minorías. La intención fue buena, pero sin lugar a dudas el remedio resultó peor que la enfermedad. El país está viendo hoy un descarado comercio electoral que anula incluso la vocería de algunos departamentos pues no tendrán representación: reveló esta semana una encuesta que afirma que 14 de ellos, quedarían sin senador. Son San Andrés, Arauca, Casanare, Amazonas, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, Putumayo, Quindío, Vaupés, Vichada, Magdalena y La Guajira, un hecho que sin duda va a contribuir a aumentar los desequilibrios regionales; Antioquia y Valle, en cambio, tendrían nueve senadores cada uno, seguidos de Bogotá y Atlántico, de a ocho curules. El asunto no es de poca monta.

Otros departamentos como Tolima, Meta y Risaralda apenas tendrían un senador, lo cual no se corresponde con su demografía ni con su importancia estratégica. Meta, por ejemplo, genera un poco más del 50 por ciento de la producción nacional de petróleo. Es un departamento estratégico para la economía colombiana que, además, representa a la otra Colombia olvidada, los antiguos territorios nacionales. Es una situación nociva que terminará afectando al propio senado, pues se verá deslegitimado ante los ojos de casi una tercera parte de los 32 departamentos. Ahora bien, hay otro problema colateral, la circunscripción nacional ha encarecido de las campañas. Se habla de precios exorbitantes, de hasta 10 mil millones de pesos para una curul. Situación que se ve agravada porque no existen verdaderos controles a la financiación de las campañas. Esta semana trascendió también que la mayoría de los candidatos no tiene las cuentas en orden. Con razón es tanta la gente que cree que las elecciones de hoy son una especie de carnaval del fraude. Anómala situación ésta. ¿Qué legitimidad puede tener un senado elegido con un sistema opaco que ofrece tan poca transparencia?

Ahora bien, el problema es que esta reforma constitucional es muy difícil que sea abocada por el actual Congreso. Los honorables senadores no van a votar una reforma que puede perjudicar sus intereses electorales. Nunca. Este es un asunto muy importante porque en la elección del Senado está la madre de la corrupción pública que se está comiendo a Colombia.

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