Lo curioso de esta “fiesta”, es que una buena parte de quienes asisten a ella son precisamente los que no están invitados: los funcionarios públicos. Si bien prácticamente todos los colombianos tienen el derecho a sufragar, los funcionarios públicos tienen prohibido participar en política. Aunque según el artículo 127 de la constitución, solamente a los funcionarios del Estado de los órganos judicial, electoral, de control, y de seguridad, les estaría “prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos, y en las controversias políticas”, esta limitación es también aplicada a prácticamente todos los funcionarios públicos, independientemente del carácter de la entidad a la que pertenezcan.

Sin embargo, a pesar que está escrito en la ley, la verdad incómoda es que todo el mundo sabe que muchos funcionarios públicos participan en política, lo cual no me parece malo. ¿Acaso a alguien le cabe duda que muchos de los funcionarios públicos llegan a sus cargos por representatividad política propia, o como cuota de políticos? ¿Acaso no son ellos los más interesados en lo que pueda pasar con la política a nivel local, regional o nacional? ¿Qué daño le hace a la democracia de Colombia el hecho que los funcionarios públicos se vinculen activamente en los eventos electorales? ¿Quizás no serían valiosos los aportes técnicos de aquellos funcionarios que conocen las problemáticas locales, y que puedan ayudar en la construcción de propuestas políticas?.

Lo que sí me parece malo, es que en nuestro país se persiga a los funcionarios públicos por ejercer el derecho legítimo de expresar libremente sus preferencias políticas. También me parece bastante ilógico que exista esta medida en un país que ostenta ser un estado social de derecho, en el que se promueven intensamente los valores democráticos, en el que todo el sistema funciona con base en interacciones políticas, y en el que incluso el mismísimo Presidente de la República puede hacer política a su favor y reelegirse. Francamente creo que esta prohibición no contribuye en nada en la lucha contra la práctica del clientelismo. Más bien creo que induce a la infracción, porque obliga a que los funcionarios públicos que por convicción, agradecimiento, o algún interés en particular deseen participar en política, tengan que hacerlo por debajo de la mesa.

Exceptuando situaciones que sí serían inaceptables, como que se utilicen dineros públicos para la financiación de actividades políticas, o que se comprometa el tiempo por el cual se le paga a un funcionario del Estado para que realice sus funciones en otro tipo de actividades, considero que es preciso que en nuestro país se produzca una reforma que bajo una clara regulación, permita una libre y eficiente participación en política de funcionarios públicos.