Hace algunos años, en medio de un escenario de corrupción generalizada, el Gobierno de Brasil decidió implementar un programa para reducir el inadecuado uso de los recursos municipales y promover la participación ciudadana y el ejercicio del control social. El programa consistía en seleccionar un número de municipios para que la Contraloría General de ese país auditara la destinación de los recursos públicos e inspeccionara la calidad de los bienes y servicios contratados por los alcaldes, para luego generar un informe detallado que servía como evidencia de la gestión y las actuaciones de cada uno de los mandatarios.
Dado el alto número de municipios que en ese momento tenían un alcalde que aspiraba a la reelección inmediata, el Gobierno decidió difundir públicamente los resultados de dichas auditorías con el fin de poner en conocimiento de la ciudadanía el nivel de transparencia de sus burgomaestres y así influenciar su actuación en favor del interés público. El programa logró un impacto sin precedentes en el comportamiento de los electores: la probabilidad de reelección de los mandatarios con hallazgos de corrupción se redujo drásticamente en los municipios donde la información fue ampliamente diseminada.
En Colombia, a medida que se acerca el tan esperado 25 de octubre, empiezan a aparecer por doquier candidatos que aspiran a quedarse con algún cargo de elección popular. Unos son nuevos en lo público, por lo que no se tiene evidencia de sus acciones. Otros, que ya han pasado por administraciones locales y departamentales, no pueden apelar a la famosa frase “usted no sabe quién soy yo”. Por el contrario, se esperaría que, conociendo sus actuaciones al frente del poder, la ciudadanía tenga la capacidad de discernir entre quienes merecen repetir y quienes de manera definitiva no deben volver a dirigir los destinos de un territorio.
Aunque hay muchos exmandatarios que en el pasado representaron adecuadamente los intereses de los ciudadanos y dieron muestras de haber sido transparentes en el manejo de los recursos públicos, también hay otros que no pueden desprenderse de los cuestionamientos y sanciones de sus pasados gobiernos,y que aun así aspiran a obtener nuevamente el favor popular.
Con estos últimos es que la sociedad debe ser implacable. Aquí no aplica el adagio popular “es mejor malo conocido que bueno por conocer”, por cuanto que nadie que haya sido identificado como corrupto o ineficiente debería tener la más mínima probabilidad de ostentar el poder.
Al respecto, el programa anticorrupción de Brasil deja varias enseñanzas que vale la pena resaltar: los electores desaprueban la corrupción, sin embargo muchas veces no cuentan con información suficiente acerca de los candidatos, lo que dificulta castigarlos o premiarlos; los organismos de control deben hacer más esfuerzos por difundir públicamente los hallazgos disciplinarios y fiscales de quienes aspiran a elegirse en los cargos de elección popular; y, los medios de comunicación local desempeñan un papel fundamental en la difusión de información objetiva acerca de los políticos y en la formación de una masa crítica de ciudadanos que ejerza con suficiencia sus derechos.
Ojala que en el debate electoral que se avecina todos nos encarguemos de que los políticos corruptos no pasen camuflados, para que una ciudadanía más consciente e informada pueda sabiamente elegir sus próximos gobernantes.
*Título tomado del caso de estudio del Poverty Action Lab.
@cesarpicon
Comentarios