Los tolimenses, como en muchas otras partes de Colombia y del mundo en desarrollo, al nacer enfrentamos desventajas iniciales que conducen al desperdicio de nuestro potencial humano.

Como ciudadanos tenemos nuestro grado de responsabilidad con dicha situación, pero como profesionales tenemos la obligación de hacer que las cosas cambien. Nuestra responsabilidad social desborda la esfera exclusiva de lo profesional, nuestra contribución no se limita sólo al ejercicio de nuestras carreras, obviamente va mucho más allá.

Pensemos en dos niños nacidos en el Tolima: el primero, una niña, hija de campesinos o indígenas, de cualquier municipio pobre de nuestro Departamento, y el segundo, un niño hijo de padres profesionales, de Ibagué o de otro municipio con niveles bajos de pobreza. Desde el día de su nacimiento, las variables predeterminadas para cada uno de ellos marcarán una enorme diferencia en la vida que ellos lleven; las condiciones de salud inicial de los niños, su nutrición, su esperanza de vida, las probabilidades de acceso a los servicios de salud y de educación son totalmente diferentes. Podemos afirmar que la niña está a kilómetros de distancia del partidor de la carrera de la vida.

Infortunadamente, existen evidencias de que las condiciones inciales de género, raza y ubicación geográfica pesan mucho sobre la suerte de miles de tolimenses y, en particular, de las mujeres.  

Las probabilidades que tiene el niño de aprovechar sus talentos innatos gracias a sus condiciones iniciales son mayores que las probabilidades que tiene la niña, situación que se reflejará no sólo en la vida de cada uno de ellos sino, también, en las posibilidades de desarrollo de sus municipios y del Departamento.

Nuestra obligación social, debido a las oportunidades que hemos tenido y que otros miles de cientos de tolimenses no, es trabajar desde nuestras profesiones para que los tolimenses tengan las mismas oportunidades. Nuestra obligación es llevar la voz de esos miles de tolimenses que nunca tendrán la oportunidad de ser escuchados por causa de sus condiciones iniciales, nuestra obligación es trabajar desde nuestras profesiones por la equidad.

Los economistas, vinculando la equidad a los problemas de distribución, los administradores liderando y gestionando organizaciones bajo principios de responsabilidad social, los abogados corrigiendo la aplicación estricta de la ley en aquellos casos en los que se juzga injustamente en circunstancias especificas, los filósofos en el progreso del pensamiento relativo a la equidad, los comunicadores denunciando los atropellos y buscando siempre la verdad, los ingenieros y arquitectos innovando en procesos que ayuden a disminuir la pobreza, y los psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales analizando el comportamiento de los individuos y la sociedad en fenómenos como pobreza y desigualdad.

Participando activamente desde nuestros roles y profesiones y dando a la equidad el carácter de elemento central de una estrategia de desarrollo, regiones como la nuestra estarán más capacitadas para alcanzar caminos de crecimiento económico y desarrollo. Es oportuno que cada uno de nosotros aporte en la modificación de aquellas variables predeterminadas o condiciones iniciales que limitan las oportunidades de los tolimenses.