No hay duda que para el país y para el sector agrícola es necesario que el Estado y el Gobierno nacional tomen medidas para fortalecer el agro, pero esto no es suficiente, si de verdad en el Departamento se quiere superar la crítica situación de los campesinos tolimenses no se puede esperar que las soluciones provengan solo del Gobierno nacional.

En el Tolima, así como en Colombia, existen dos sectores dedicados a la producción en el campo, el que obedece a las dinámicas del modelo agroempresarial y el conocido como economía campesina. Estudios muestran que en el segundo se logran microeconomías que la podría hacer competitiva y que sus dinámicas permitirían alcanzar niveles aceptables de desarrollo rural. Entender esto es fundamental para diseñar cualquier política pública.

Otro elemento clave para avanzar en la solución de los problemas rurales es recuperar para el campo fuentes de financiación local que fueron eliminadas del sistema presupuestal, como por ejemplo los recursos que se asignaban desde el situado fiscal y que ya no existen en el sistema general de participaciones. 

Se necesita de mayor autonomía presupuestal en las entidades territoriales para atender las demandas de los campesinos y de los habitantes rurales.Un pacto regional agrario y del desarrollo rural debe contemplar al campo como un gran sistema rural compuesto por distintos elementos los cuales poseen una infinidad de relaciones originando de paso una gran diversidad de demandas. 
Partiendo de reconocer la existencia de esta realidad se requiere que la responsabilidad de cumplir las tareas recaigan en todos los actores gubernamentales, no solamente en la cartera dedicada al desarrollo agropecuario.   

El Gobernador debe convocar el Consejo Seccional Agropecuario Consa, conformado para estudiar y proponer políticas públicas, y compuesto por la mayoría de actores públicos y privados del sector, y desde allí validar las demandas y formular las estrategias del pacto regional. Además debiera dedicar un consejo de gobierno para establecer la vinculación y participación de las secretarías, y de ser el caso, vincular a la Asamblea departamental en una modificación del presupuesto de inversiones con el fin de redireccionar recursos para alcanzar las metas que se establezcan. 

Inclusive, si quisiera ser más osado podría realizar encuentros municipales. Un pacto regional agrario implica la activa participación de las autoridades municipales, de los gremios económicos, de las asociaciones de productores, de las entidades encargadas de la investigación y la transferencia de tecnología, de las Universidades y el Sena, entre muchos actores más. 

Estoy convencido que si desde el Tolima se formula nuestro capítulo del pacto, las posibilidades de resolver las demandas de los campesinos tolimenses será mayor, de no hacerlo, estaremos a la deriva de lo que se diseñe en Bogotá.