De las dignidades, la majestad y los parámetros

No pasa por la mente del ciudadano que para la elección de uno de los nueve magistrados que componen la Corte Suprema de los Estados Unidos deba rebajarse el candidato a peregrinar por las oficinas del Congreso, a montar una temporal agencia de empleos ni mucho menos a competir con base en convites y francachelas.

Existen posiciones que la democracia entrega a los ciudadanos que se han destacado en su ejercicio vital. Dignidades que los estados deben reservar para los más preclaros de sus hijos y que, por supuesto, no pueden convertirse en objeto de vara de premios de una ignota aldea o sujetas a una repartija burocrática, con intercambio de nominaciones incluida.

Lamentablemente los parámetros utilizados en la democracia colombiana han rebajado los raseros hasta permitir que las dignidades y la majestad de las instituciones sea pisoteada  y extraviadas en la feria donde el valor se confunde con el precio.

No hace mucho para acceder a los más altos tribunales  a más de una hoja de vida impoluta y una señera vida académica se requería de un ejemplar trasunto por los distintos tribunales o la creación de un sólido cuerpo de doctrina; por lo que ocupar una de las posiciones en la Corte Suprema, la Corte Constitucional e inclusive el Consejo de Estado era la culminación de una carrera que se coronaba con el reconocimiento ciudadano y el respeto de toda la comunidad.

Como muchas otras cosas tales procesos han caído en desuso y la selección de los magistrados se ha tornado, las más de las veces, en una especie de remate de posiciones, con promotores de los artículos en venta, intercambio de favores con los electores, cenas y jolgorios.

No pasa por la mente del ciudadano que para la elección de uno de los nueve magistrados que componen la Corte Suprema de los Estados Unidos deba rebajarse el candidato a peregrinar por las oficinas del Congreso, a montar una temporal agencia de empleos ni mucho menos a competir con base en convites y francachelas.

Mucho menos a tener como jefe de campaña a una excongresista a quien la justicia le ha impuesto la obligación de portar un brazalete electrónico para evitar su evasión o su fuga. Ni que, una vez elegido, convoque a un festín con la presencia de sus electores y los potenciales funcionarios que han de ser nombrados por cuenta de los compromisos electorales adquiridos.

Sin duda los parámetros han sufrido una vergonzosa reducción.

EL NUEVO DÍA

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