Si la sal se corrompe

El país no daba crédito a sus ojos: por decisión de la Fiscal 13 de la Unidad de Investigaciones contra Funcionarios Judiciales se le solicitaba al Juez 52 de control de garantías que legalizara la captura de 10 funcionarios judiciales y un estudiante a quienes se acusa de estar fletados por grupos criminales.

Lamentablemente la situación es más común que lo que generalmente se cree: según la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), en lo transcurrido del año se han presentado nada menos que 123 denuncias penales por corrupción administrativa en la Rama Judicial.

En el caso que escandaliza al país las irregularidades detectadas tienen que ver con el mismo reparto de los procesos, la manipulación de los mismos y de los materiales considerados como probatorios.

Por cuenta de las actuaciones de los organismos de investigación que han derivado en allanamientos, se han podido acopiar documentos, registros y hasta dinero relacionado con las graves acusaciones.

Las potenciales penas por aplicar se estiman entre 15 y 20 años de prisión para los funcionarios y el particular involucrados.
Los delitos son de extrema gravedad y parecen un compendio del código penal: concierto para delinquir, concusión, revelación de secreto, tráfico de influencias, falsedad ideológica en documento público, y cohecho por dar y ofrecer.

A los acusados se les endilga haber configurado un montaje para manipular procesos y otorgar beneficios a cambio de dinero.

Realmente se erosiona la cacareada majestad de la justicia al ver a dos jueces de garantías, tres secretarios de juzgado, cinco funcionarios judiciales y hasta un estudiante en práctica involucrados en el tinglado.

El país dolido espera que ante la contundencia de las pruebas acopiadas haya pronta y cumplida justicia, pues resulta inadmisible que la sal se corrompa.

Si se repasan las acusaciones y los delitos presuntamente cometidos y se les compara con ciertas actuaciones y comportamientos recientes en el aparato judicial de la región, no puede menos que asombrarse el ciudadano: irregularidades en el reparto de procesos que terminan en el mismo despacho de controvertidos jueces, desaparición de procesos completos en juicios laborales, influencia desmesurada de la política y otros poderes espurios en el aparato judicial y cambio intempestivo de jueces en las instancias definitorias de los procesos. Que por supuesto no se reduce a la región sino se multiplica en el país.

Mucho trabajo le espera, entonces, al Consejo Superior de la Judicatura y a la citada Unidad de Investigaciones contra Funcionarios Judiciales de la Fiscalía.