Las informaciones suministradas por el contratista estadounidense Edward Snowden no cesan de producir el natural estupor, pues revelan que el gobierno estadounidense, a través de la Agencia de Seguridad Nacional NSA, ha desarrollado por muchos años un masivo proyecto de espionaje del que no se han escapado ni sus más cercanos aliados.
Las actividades ilegales no han estado restringidas a potenciales asuntos de seguridad sino se han extendido a las comunicaciones de particulares, empresas y hasta las de los mandatarios de las naciones con las que Estados Unidos mantiene estrechas relaciones.
s Unidos mantiene estrechas relaciones.El presidente Barack Obama ha mantenido una ambigua posición respecto de los hallazgos y tan solo cuando las revelaciones indican que se ha interferido los correos privados de los mandatarios amigos los voceros de la Casa Blanca han aseverado que al enterarse el presidente ordenó la inmediata suspensión de las “chuzadas”. De hecho no ha habido el más leve movimiento para censurar, sancionar o despedir a los directivos de la ANS involucrados en las acciones.
Los afectados también han tenido una reacción dispar al conocerse las labores de espionaje, pues presidentes latinoamericanos como Juan Manuel Santos, Ollanta Humala o Enrique Peña Nieto (aunque se sabe que desde el gobierno de Felipe Calderón venían las interceptaciones) apenas hicieron una leve mención sobre lo sucedido.
En tanto Dilma Rousseff inmediatamente asió el toro por lo cuernos y canceló la visita de estado a Washington, exigió disculpas públicas a Obama (que no se produjeron) y canceló un cuantioso pedido de aviones de combate a productores estadounidenses.
El resto del mundo ha tenido una reacción uniforme ya que desde Israel el gobierno de Netanyahu manifestó que “esa no es conducta para con los amigos”; pasando por François Hollande, quien desde el Elíseo hizo saber su disgusto y la Canciller alemana, que no hace buches, habló claro y censuró la actuación de sus aliados.
El último descubrimiento tiene que ver con España pues se vino a saber que el gobierno de Rodríguez Zapatero fue objeto de espionaje y que entre diciembre de 2012 y enero de 2013 se realizaron más 60 millones de interceptaciones de llamadas en España, lo que ha hecho que Rajoy, tan poco dado a discrepar con Washington, se haya visto obligado a reclamar por los abusos.
Lo más grave del asunto es que la práctica lleva años y las acciones ilegales no se limitan a asuntos de seguridad contra el terrorismo sino allegan información sobre asuntos comerciales y empresariales de competidores de organizaciones estadounidenses, a la par que asuntos personales que pueden ser usados por rivales para desprestigiar contrincantes políticos poco afectos a Washington.
Tal parece que el episodio ha roto irreparablemente la necesaria confianza entre aliados y amigos.
Comentarios