Como en muchas ciudades del país, en Ibagué el transporte ilegal ha tomado fuerza y se ha convertido en una amenaza para los ingresos de los transportadores, en especial los taxistas, que notan con desesperación como cada día pierden más clientes, no solo por el servicio que prestan automóviles a través de plataformas, sino que también ha crecido en forma desproporcionada el número de motociclistas que se dedican a esta actividad.
Pero ese no es el único problema que enfrenta el transporte público en la ciudad. Los ibaguereños se quejan por el deficiente servicio que prestan algunos conductores de busetas y de taxis. Así mismo, la motocicleta se convirtió en uno de los medios preferidos para transportarse, por su economía y eficiencia.
A raíz de las constantes quejas de los transportadores, a finales del año pasado, se celebró una reunión a la que asistieron representantes de los taxistas, la Contraloría, la Personería y voceros de la Administración municipal. En ella, la Superintendencia de Transporte anunció que solicitaría a la Procuraduría investigar a los funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Ibagué, por presuntas omisiones en el control de los vehículos irregulares y porque las disposiciones que se han tomado localmente no tienen en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Transporte ni de la Superintendencia.
El tema surgió de nuevo esta semana, cuando la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, se reunió con el gremio de los taxistas y aseguró que enfrentará el transporte ilegal: “Esto no es un problema de Ibagué, es un problema nacional. Sin embargo, la ilegalidad no nos va a quedar grande, tengo el cinturón bien amarrado para tomar decisiones”, dijo la mandataria. Y añadió que los operativos continuarán, a pesar de que algunos funcionarios de la Secretaría de Movilidad han sido amenazados.
En la reunión las partes adquirieron compromisos: la Alcaldía implementará estrategias contra el transporte ilegal y aumentará los controles; por su parte, los transportadores se comprometieron a mejorar el servicio que prestan a los usuarios y a evaluar las hojas de vida de los taxistas. Hay que confiar en que la búsqueda de conductores ilegales no se convertirá en una cacería de brujas ni en una disputa callejera por los clientes y también que los taxistas y conductores de busetas cumplirán con responsabilidad y amabilidad su labor.
La alcaldesa está enfrentando los problemas que se ha encontrado en los primeros meses de su mandato y se compromete con buscar soluciones. En este caso, es necesario darle un compás de espera para conocer las acciones en contra de la ilegalidad.
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