La obra fue adjudicada en abril del año pasado, tenía un plazo de ejecución de ocho meses, es decir, que debería estar concluida en diciembre, y le entregaron 2.400 millones de pesos de anticipo al consorcio constructor. La primera fase inició en mayo, pero cinco meses después quedó paralizada y luego fue abandonada.
Al comienzo de su mandato, la alcaldesa Johana Aranda ordenó la suspensión del contrato para realizar un análisis del proyecto, con el fin de hallar la mejor alternativa. Se realizaron reuniones en mesas técnicas, que llevaron a la declaración de incumplimiento. Entre las anomalías detectadas, están que el contratista no entregó información sobre el manejo del anticipo y, al parecer, le dio un uso incorrecto; la parálisis de los trabajos por falta de flujo financiero y la impuntualidad en los pagos de los salarios a los trabajadores.
En la Fiscalía existe una investigación por celebración indebida de contratos, ya que se evidenció mala planeación en los estudios, los diseños y la estructuración del proyecto. De igual forma, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura por “presuntos actos de corrupción en la contratación de la interventoría de las obras”.
No es muy claro el futuro del proyecto, pues si bien la totalidad de los casi 40.000 millones no fueron desembolsados, ante la realidad de reformular estudios y diseños no se sabe si estos recursos sean suficientes para ejecutar la obra a cabalidad. Además, la alcaldesa expresó que en su plan de desarrollo están planteadas otras obras de infraestructura vial, que son indispensables para mejorar la movilidad de la ciudad y por eso efectuará una valoración juiciosa del proceso que se ha de seguir.
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