El mandatario Rodolfo Andrés López Sierra se pronunció respecto a la apertura de una investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación que, conforme a un boletín emitido recientemente, hace referencia a un presunto incumplimiento del Convenio 471 de 2016, suscrito con el Departamento de Prosperidad Social, DPS, para la construcción de viviendas que beneficiarían a 43 familias. 

En principio, el burgomaestre, quien se mostró respetuoso de las decisiones del órgano de control, dijo sentirse “consternado” por la información que reposa en el portal de la Procuraduría, toda vez que, en su concepto, existe una imprecisión, pues no se debe hablar de ‘construcción’ sino de ‘mejoramiento’. 

“La misma página de la Procuraduría anuncia que se abrió investigación por la construcción de 43 casas, con $593 millones, una cosa que es totalmente falsa. Digamos que no sé la Procuraduría y los medios que han sacado a flote esa información si puedan construir una casa con $12 millones o $13 millones, que es como deja ver el boletín de prensa”, señaló el alcalde.

Y agregó: “No es verdad que se hayan dejado de construir 43 viviendas en un convenio con el DPS , lo que sí es verdad es que en el 2016 el municipio celebró un convenio con el DPS para 43 mejoramientos de viviendas, entonces los 43 valían $593 millones; de construir una casa a hacer un mejoramiento cambia sustancialmente,  y ahí ve uno la mala intención que en la ‘velocidad’ quieren afectar esta administración que ha estado comprometida con el campo”.

Contexto

En el boletín 234, publicado el 25 de febrero por la PGN, se señala que el inicio de la actuación disciplinaria ocurre tras el cierre de una acción preventiva a través de la cual se instó al mandatario a tomar las medidas necesarias para que el Consorcio Santa Chava 2018 cumpliera con las obligaciones contraídas en el Contrato de Obra 107 de 2018, por  $593.220.339 que, es menester menester decir, se derivó del convenio en cuestión.   

Asimismo, se trae a colación que la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué, advirtió que, ante el presunto incumplimiento el Departamento de Prosperidad Social habría decidido no prorrogar el convenio con el municipio, que finalizó el 31 de diciembre de 2021.

Aunado a ello, en el documento se indica que el “DPS señaló que durante la ejecución, tanto la supervisión como la interventoría dieron a conocer las supuestas irregularidades contractuales en mesas de trabajo, y a través de diferentes comunicaciones y requerimientos, sin recibir respuesta”.

Y concluye: “Con el fin de verificar la ocurrencia de esta conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad, el Ministerio Público decretó la práctica de pruebas”.

La versión del alcalde

De acuerdo con López Sierra, recibió el convenio en estado de suspensión, y el DPS, en su concepto, habría solicitado liquidarlo, no obstante, aseveró que no consideró justo que aquellas personas que habían resultado perjudicadas por cuenta del invierno no obtuvieran la ayuda, por lo que tras distintas gestiones se logró reactivar el mismo.

Sin embargo, afloraron contratiempos como la emergencia sanitaria por el covid-19 y la ola invernal, y pese a que conforme a su relato los mejoramientos iniciaron en agosto de 2021, tiempo después se suspendieron en medio de un panorama, según reseñó, donde el incremento en los precios de materiales como el hierro y condiciones climáticas poco favorables, también incidieron.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el convenio finalizaba el 31 de diciembre de 2021, mencionó que en dicho mes requirió, en el marco de una época donde regía la calamidad pública, una prórroga al DPS, asunto que si bien tuvo respuesta positiva, esta se dio, según sus cuentas, cuatro meses después, y cuando ya se había vencido el convenio.

De la misma manera, expresó que durante el tiempo de ejecución del contrato se efectuaron alrededor de 20 mejoramientos, “pero el DPS en su interventoría, quién sabe con qué intenciones, solamente quiere reconocer 11 viviendas de mejoramiento, entonces ahí también hay un tema”, acotó.

Además, hizo hincapié en que se cuenta con argumentos para demostrar que no existió negligencia, debido a que a su modo de ver, “lo que hubo fue un afán del DPS por nunca celebrar esos mejoramientos, quién sabe con qué intenciones políticas”, apostilló.

Y finalizó: “Porque yo sí lo digo abiertamente, en esta ‘cacería de brujas’ ahora empezaron a aflorar este tipo de investigaciones contra una Administración que lo único que ha hecho es trabajar por la comunidad”.

¿Quién tiene la razón?

En torno al dilema suscitado por las distintas versiones que posee la Procuraduría (reflejada en el boletín) y el alcalde, respecto a si se trata de la ‘construcción’ o ‘mejoramiento’ de viviendas, esta redacción se dio a la tarea de buscar documentos que permitieran brindar ‘luces’ en la discusión.

En medio de ese proceso encontró que en el portal web de la Alcaldía de Santa Isabel reposa en el ítem de planes, un documento denominado ‘Informe de Gestión 2017’, en el cual se hace referencia, en el aspecto de ‘Procesos, iniciativas y proyectos’ a un ‘Mejoramiento de vivienda rural Prosperidad Social’, acompañado de una cifra que corresponde a $600 millones.

Igualmente, y con fecha del 29 de agosto de 2018, existe una publicación cuyo nombre es ‘Convocatoria, mejoramientos de vivienda rural o urbana, con Prosperidad Social’, donde se informa que podrían postularse aquellos que se encontraban en al menos uno de los siguientes grupos: Red Unidos, población víctima, madres comunitarias del ICBF, población con puntaje Sisbén III o familias que cuenten con algún miembro en condición de discapacidad.

A su vez, en un comunicado a la opinión pública, compartido el 20 de agosto de 2019 en la cuenta de Facebook de la Alcaldía de Santa Isabel, en medio de la administración del entonces alcalde Jaime Rincón Soto, se indica que la administración realizó un proceso de contratación por valor de $593.220.339 cuyo objeto del contrato era: “Construcción de mejoramientos de vivienda en Santa Isabel, en el marco del convenio 471 de 2016 suscrito con el Departamento de Prosperidad Social”.

Adicionalmente, existe un documento, con logo de Prosperidad Social, que alude a un ‘Listado de participantes sorteo mejoramiento de vivienda Santa Isabel - Tolima’ para área urbana y rural.

Hago un llamado a la Procuraduría y medios de comunicación para que se informen bien y no estén dando datos que no son exactos. - Rodolfo López, alcalde de Santa Isabel.

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