En atención a esta preocupación, las Comisiones realizaron una sesión ampliada de Alto Nivel a la que fueron convocados, entre otros, el Ministro del Interior, el Ministro de Agricultura y la Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas.

Vigencia y financiamiento de la Ley y los Decretos Leyes

Las Comisiones manifestaron que si bien es cierto que el Gobierno incrementó el monto de recursos destinados a la política de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del 1,8% (en 2011) a más del 4% del total del Presupuesto General de la Nación (a partir de 2012), el rezago es evidente.

A la fecha, solo se ha indemnizado al 7% de las víctimas; hay 79 mil 128 familias a la espera del subsidio de vivienda que les fue asignado entre 2004 y 2007 y otras 13 mil 211 familias tienen el subsidio pero no les han entregado la vivienda certificada, por encontrarse en proyectos que fueron declarados en incumplimiento, paralizados o no iniciados o no ejecutados.

Los análisis de la Contraloría indican además que la inversión de las entidades territoriales en la atención a las víctimas es incierta, toda vez que los departamentos y municipios registran serias inconsistencias en los distintos instrumentos como el “Tablero PAT” y el Formato Único Territorial (FUT-Víctimas).

Respecto a la implementaciones del acuerdo de paz no parece aclarar el panorama financiero de la política de asistencia, atención y reparación a la víctimas, por un lado, el Gobierno Nacional estimó formalmente el costo fiscal del acuerdo final en $129.5 billones de 2016, que incluyen $4.3 billones para víctimas orientados a derechos humanos y verdad, pero no ha aclarado cómo se sincronizaría la implementación del acuerdo con el requerido avance en la implementación de la Ley 1448 de 2011.

Finalmente, el financiamiento del acuerdo replica la estrategia de incluir en la contabilidad los recursos del SGP y es así como el 29.2% de los recursos corresponderían a las transferencias del Gobierno Nacional a las entidades territoriales a través del SGP.

Articulación de la implementación de la política pública de víctimas frente a los nuevos instrumentos de desarrollo territorial.

Por otro lado, no se evidencia una estrategia clara de articulación entre los procesos de restitución de tierras, los procesos de retornos y reubicación, los planes de reparación colectiva y los Pdet.

Particularmente frente a los procesos de reparación colectiva étnicos y no étnicos se observa un grave rezago por cuanto a la fecha ninguno de los 522 procesos ha culminado, y los procesos que se encuentran en fase de implementación presentan dificultades en la articulación.