Según informó el Tiempo.com, una fiscal delegada ante Corte tiene listas las citaciones de funcionarios del Tolima y la Costa, dentro de la investigación por el ‘carrusel’ de pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura
Para que la consulta popular prospere se requiere que la opción del “sí” alcance el 50 por ciento más uno de los votos que se depositen el próximo 28 de julio de 2013 y adicionalmente que participe no menos de una tercera parte del censo electoral habilitado para votar en dicho municipio.
Para el próximo 8 de agosto fue programada la audiencia pública de pérdida de investidura en el proceso que se adelanta contra el senador y presidente del Congreso Roy Barreras por el denominado ‘pacto cristiano’.
Con el ánimo de dialogar sobre la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, en el Club de Banqueros en Bogotá se reunieron algunos representantes del Departamento.
Gustavo García Bate, quien se desempeñó como Secretario de Hacienda del Tolima en el gobierno de Jorge García Orjuela, hace parte de la lista de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, que serán investigados por presuntas irregularidades en contratación.
El 29 de septiembre es el día que el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante Resolución 362 del pasado 6 de febrero de 2013, estableció para que los distintos partidos y movimientos políticos adelantaran las respectivas consultas populares, internas o interpartidistas.
“El objetivo nuestro es reunir a la mayor cantidad de funcionarios de alcaldías y gobernaciones y Secretarios de Hacienda, para, a través de una sesión didáctica, explicarles cómo puede ayudarles Cisa al manejo de activos”, dijo ayer el presidente de la Central de Inversiones, Cisa, Carlos Iván Villegas.
El expresidente Álvaro Uribe sorprendió el lunes al país al anunciar que si el candidato a la Presidencia de la República por Centro Democrático gana las elecciones no debe cancelar el actual proceso para la terminación del conflicto que se adelanta con las FARC.
En un debate de control político efectuado por los ediles, se exigió a la empresa de energía devolver un área de más de nueve mil metros cuadrados, en donde será construida la nueva unidad de salud intermedia.