No hay la menor duda de que a los reincidentes, que negociaron y firmaron con Santos y después decidieron seguir matando, no se les aplican los mecanismos de la justicia transicional. La Constitución sostiene que la justicia transicional “estará sujeta al cumplimiento de condiciones tales como la dejación de las armas” y que “en ningún caso se podrán aplicar instrumentos de justicia transicional […] a cualquier miembro de un grupo armado que una vez desmovilizado siga delinquiendo”.

La aprobación en cuarto debate de la reforma pensional es tanto una victoria pírrica de Petro como una prueba de que fue exitosa la operación de soborno de los congresistas, aceitada con el dinero de la Ungrd.

Petro y Leyva incurren en varias falacias cuando sostienen que del acuerdo de Santos con las Farc y de su envío a Naciones Unidas en 2017 se desprende la posibilidad de convocar una asamblea constituyente y además sin acudir al procedimiento contemplado en la Constitución.

Es fácil subestimar a Petro, suponer que sus declaraciones son apenas las de un perro que ladra y no muerde, que solo son la reacción asustada del hombre acorralado por los escándalos de corrupción de su gobierno y los de la financiación de su campaña, de la frustración ocasionada por el colosal e inocultable fracaso social, político y económico de su gestión. Sería un grave error pensar que solo vocifera, que son meros exabruptos. No tomarlo en serio sería fatal. Y no lo digo de manera metafórica sino literal: podría costarnos muchas vidas. Muchas vidas y el futuro.

Petro perdió la calle. Es quizás lo más importante porque para él y para la izquierda la calle es vital. En su discurso posterior a su derrota en 2018, sostuvo que volvía al Senado pero “a dirigir un pueblo que debe ser movilizado”.

Petro se movió rápido a lo que ha llamado un “proceso constituyente”. Una idea aún gaseosa, indeterminada, pero que debe seguirse con atención por los riesgos que insinúa.

Petro sostuvo el pasado viernes en Cali que “Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente [que] tiene que transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo”. Le tuvo sin cuidado que el M19, del que se siente muy orgulloso de haber sido parte, fuera importante coautora de la Constitución del 91, y que él mismo hubiera jurado “sobre mármol” que no convocaría a una constituyente. Ya sabemos que Petro es un consumado mentiroso.

Ecopetrol está atravesando serios problemas. Por un lado, las decisiones gubernamentales de que no habrá más contratos de exploración de hidrocarburos y de suspender el fracking castigan el corazón mismo de su negocio.

Petro se radicaliza. Tanto en el discurso como en las acciones, acentúa su giro a la izquierda extrema. Una de las tácticas es barrer con los técnicos del gobierno y nombrar leales. Aunque no son ni mucho menos los únicos casos, los más visibles son la dirección del DNP, la de presupuesto del Ministerio de Hacienda y el DPS. En Planeación, el organismo más técnico del gobierno, nombró a un activista de izquierda, antiguo sindicalista, que ni siquiera es economista y sin experiencia alguna en el tema, al que vinculan con el Eln. En Presupuesto salió de una funcionaria con casi 20 años en Hacienda y designó un contador que tiene por exclusiva credencial haber hecho parte de la UTL de Gustavo Bolívar y que, posesionado, dijo que sabía "un poquito” del tema. En el DPS eligió al mencionado libretista de televisión, que no es universitario y que tiene por único mérito haber quebrado sus propios emprendimientos y no pagarle a sus proveedores, en algún caso con la trágica consecuencia del suicidio del acreedor impagado.

El deterioro agudo de la seguridad es innegable. Las ciudades y los campos se encuentran asediados por los criminales y a los ciudadanos nos agobia una creciente sensación de indefensión.