La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, nuevamente armó una polémica en redes sociales al asegurar, a través de Twitter, que cinco emisoras de paz del país, incluida la que está ubicada en Chaparral, están siendo controladas por miembros de la extinta guerrilla de las Farc.
En entrevista, la candidata a la Cámara habló de su salida del Centro Democrático y llegada al partido Conservador, su apuesta por el desarrollo empresarial y el apoyo a la mujer en su nueva organización.
“Este carro es nuestra casa porque la idea es que nuestra sede sean los territorios de Colombia”, así inició el precandidato presidencial de ‘Verdes por el Cambio’ en el Pacto Histórico, Camilo Romero, la presentación del ‘carro casa’, un vehículo adaptado por su campaña en el que vivirá y recorrerá distintas regiones del país en su camino para llegar a la Casa de Nariño.
La candidata del partido Verde Oxígeno Ingrid Betancourt, presentó el plan anticorrupción que ejecutaría si llega a ser la próxima presidenta de Colombia, el cual contiene tres ejes fundamentales: la recuperación, la compensación y la sanción.
El médico y candidato a la Cámara por la Coalición Centro Esperanza dijo que de llegar al Congreso promoverá un cambio en el manejo financiero de las EPS y una inversión para los hospitales públicos que están en situación de desamparo.
El país vivirá al menos dos intensas jornadas electorales en las cuales se elegirán Congreso y Presidencia de la República. Con cambios en la metodología, Colombia se enfrentará a las urnas.
El sancocho político no huele bien porque a la olla le metieron de todo y sin reparar su estado; oportunistas, mafiosos, compradores de votos, los que ocultan su pasado judicial y los que se quieren mostrar. Todos los que pisotean los ripios de la democracia y le abren el portillo a la dictadura para donde vamos, con el esfuerzo del desgobierno, que peló el cobre con la brutal represión por parte de la fuerza pública, sobre los manifestantes en las recientes jornadas de protesta.
La JEP, que se creó como parte del acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno y las Farc, es la encargada de juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado.