La congestión vehicular en Ibagué está, cada día, en un franco in crescendo, por cuenta de múltiples factores que inciden en el caos que se toma las vías del municipio de manera cotidiana, tristemente ya es parte del paisaje, de esto hemos dado cuenta en columnas anteriores, donde, claramente; la falla de la semaforización de la ciudad, la mala infraestructura vial, el aumento en el número de vehículos en circulación, la demora en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte -Setp-, la falta de andenes para transitar, la pérdida paulatina del espacio público y los “mal parqueados”, pero sobre todo, la ausencia de un desarrollo de incentivos para utilización de otras formas de movilización, entre otros factores, nos están anclando al atasco y, de paso, al atraso también.

Un aspecto fundamental, que no podemos descuidar en la ciudad de Ibagué, que además tiene plena incidencia en la competitividad del municipio, de hecho así lo describe el Índice de Competitividad por Ciudades, es el relacionado con la educación, pero focalizado, insistentemente, en la formación para el trabajo y, en lo que considero es un verdadero problema que afecta de manera directa la competitividad, la migración estudiantil y la denominada “fuga de cerebros”. Vamos por partes.

¡Bienvenidos al futuro! O mejor, al pasado, se podría decir luego de ver la aprobación del acuerdo municipal No. 014 de 2022, por medio del cual el Concejo de Ibagué modificó unos artículos del Plan de Ordenamiento Territorial –POT- del año 2014, luego que la Administración los sometiera a discusión del cabildo, como consecuencia de la nulidad parcial, declarada por la jurisdicción contencioso administrativa. Un trámite y aprobación que nuevamente podría incurrir en una nulidad por desconocer algunos determinantes de superior jerarquía, como son los preceptos de contenido ambiental señalados, entre otros –como ya veremos-, en la ley 388 de 1997, una situación muy similar a la que ya ocurrió y desencadenó en el fallo. Pero vamos por partes.

El incremento en el costo de la tarifa del servicio de energía eléctrica en Colombia, ha sido blanco del debate en los últimos días y más ahora, con el anuncio del presidente Gustavo Petro de “asumir”, a través del Ministerio de Minas y Energía, la competencia regulatoria en materia tarifaria, hasta ahora en cabeza de la Comisión de Regulación de Energía y Gas –Creg-, pero vamos por partes. 

Así estamos los ibaguereños, como el título de esta columna, atrapados. Sé que muchos coincidirán en que viajar de Ibagué a Bogotá (o viceversa), es, o bien, “tortuoso”, o bien, muy costoso, una disyuntiva bastante difícil desde la óptica que se le quiera mirar. Con la construcción del tercer carril en la vía, se aumentó el tiempo de desplazamiento desde y hacia la capital del país, esto sin contar el tradicional trancón “atravesando” Soacha. Pero de ser mucho el afán y la necesidad de llegar “rápido” (así entre comillas, porque con Avianca nunca se sabe cuándo el vuelo está a tiempo), hay que estar dispuestos a pagar una cifra excesiva para viajar en avión, esto último, un claro problema de ausencia de competencia en ese trayecto. Una sola aerolínea con los dos, o a veces tres, únicos vuelos (Ibagué-Bogotá), claramente dispara la tarifa al alza y, sumado a esto, la otra alternativa de viajar “por tierra” convertido en un verdadero obstáculo, podría convertir esta ruta, fácilmente, en una de las más rentables para la aerolínea.  

La semana pasada, en un programa de opinión local, estuvimos debatiendo acerca de los índices de informalidad laboral en la ciudad, la cual, según la última medición realizada por el Dane, en Ibagué está en el 52,8% y a nivel nacional se encuentra en el 58%. Pero son estas, unas cifras que deben ser leídas en conjunto con la informalidad empresarial presente en Colombia, las cuales, de acuerdo al Índice Multidimensional de Informalidad Empresarial 2021, publicado por el Dane, en Ibagué, la incidencia de la informalidad empresarial es del 84,1% y en todo el país es del 89,9%.

El bloqueo de algunas vías principales, la semana pasada en Ibagué, por parte del gremio de taxistas de la ciudad, es una evidencia más de una realidad que, de a puño, es conocida por la ciudadanía, hay una ausencia, casi absoluta, de control por parte de las autoridades, muy poco se ve a los agentes de tránsito realizando los controles respectivos y garantizando el cumplimiento de la normatividad en materia de tránsito y transporte de todos los actores viales. Esto no es nuevo y el uso de vehículos particulares para prestar servicios de transporte de pasajeros tiene una raíz, ya a estas alturas, bien profunda que se debe recortar y, mientras el Gobierno Nacional no decida tomar una decisión de fondo frente al servicio prestado bajo plataformas, el conflicto continuará.

Todo parece indicar que el alcalde Hurtado no tiene una agenda definida en relación con la planificación de Ibagué y, si existe, que por favor nos señale la correspondencia entre objetivo y acción. Les voy a dar dos ejemplos que indicarían que la ciudad está sin un norte claro frente a este tema. Primero, el relacionamiento de la actual Administración con el sector rural y, segundo, los “cambios” anunciados en cuanto al intercambiador vial de la calle 60. Esa división tradicional entre sector urbano y rural, necesaria en cuanto a delimitaciones y acciones, ha sido una creciente herramienta para aumentar las brechas de desigualdad en lo que al campo se refiere, sin entender que ambas –urbano y rural- son interdependientes en hechos y respuestas.

Gran parte de la campaña política que se avecina, por parte de los actores que tradicionalmente han participado en ellas, va a cabalgar sobre los hombros de la ineficiencia administrativa y cuestionamientos del actual gobierno local, ya un Representante a la Cámara y un Senador, otrora aliados del mandatario municipal, lanzaron dardos, uno desde el Congreso, otro desde la opinión, frente a la situación actual de la ciudad en general y de los escenarios deportivos en particular –sin un asomo de autocrítica o mea culpa por haber apoyado y ayudado a elegir la administración que hoy atacan-. Que hoy quieran apartarse del alcalde Hurtado por la elección que se viene el año entrante era predecible, pero no les puede resultar suficiente.

Toca seguir insistiendo en la evidente y creciente problemática que afronta Ibagué en relación a la deficiente prestación de los servicios públicos y, aquí, no solamente es en relación al servicio de agua potable, también son reiteradas las quejas frente al servicio de energía eléctrica y, por supuesto, no se salvan los prestadores del servicio de internet -en este último, sobre todo de acceso y cobertura-. Además de estas dificultades, para aquellos subsisten reclamos de toda índole, de prestación oportuna, eficiente, de cobro, de calidad, que por supuesto, tienen un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos y en el desarrollo económico y social del municipio.