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La desconfianza digo, viene de hace muchos años pero se ha agudizado en este gobierno. No podría ser de otra forma cuando hay varios hechos que la generan. Uno bastante nombrado se dio con la llegada de Darío Acevedo al Centro Nacional de Memoria Histórica, Cnmh. Se hicieron fuertes cuestionamientos a su nombramiento porque este nuevo director del Centro negaba la existencia del conflicto y estigmatizaba a ciertas organizaciones y procesos de memoria que acompañaban. Fue de tal magnitud la controversia que varias organizaciones sociales, de derechos humanos, de víctimas y de construcción de memoria sobre el conflicto armado decidieron desligarse del trabajo conjunto que venían haciendo con el Cnmh.
Un nuevo hecho surgió el pasado 3 de febrero cuando tras finalizar una revisión del Plan de Acción Oportuna -PAO-, el presidente Duque anunció que se acordó “una hoja de ruta para la unificación de la metodología y el levantamiento de información relacionado con el asesinato de líderes sociales teniendo como base fundamental las investigaciones que adelanta la Fiscalía General”. Inmediatamente surgieron las voces de las víctimas y defensores de derechos humanos que manifestaron no confiar en esta institución para hacer ese trabajo de unificación.
¿Pero qué origina esta desconfianza? Varias cosas, entre ellas que con esta determinación, el trabajo que venía realizando la Defensoría del Pueblo en este sentido queda en un segundo plano y que esta función y su pertinencia, ni siquiera fue reivindicada por el actual Defensor del Pueblo, dejando toda la responsabilidad en la Fiscalía. Otras razones están referidas a que la sociedad civil organizada ha venido realizando esta labor de una manera independiente y la mayoría de las veces sus informaciones no coinciden con las cifras oficiales. En este espectro aparecen instituciones como Indepaz, Somos Defensores y el Cinep con su Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política que han hecho históricamente seguimiento de homicidios y actos violentos contra líderes sociales.
Para algunos defensores históricos de los derechos humanos, esta decisión del gobierno del presidente Duque, es desafortunada y desastrosa, pues según expresan un gobierno que no ha logrado frenar los hechos de violencia ante los líderes sociales por no interesarse en los autores intelectuales de estos crímenes sino en los perpetradores no genera confianza, menos si ha nombrado como cabeza de la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y Contraloría a sus amigos que coinciden en la visión de la realidad colombiana y podrían estar interesados en manipular las cifras para hacer ver que se ha mejorado en el indicador de violación a los derechos humanos.
La Fiscalía General para ellos, “manipula las cifras de investigaciones sobre homicidios contra los líderes sociales, para mostrar efectividad en su misión y responder a las presiones políticas y mediáticas. De ahí el famoso esclarecimiento del 50, 58 y ahora 63% en las investigaciones, cifras consideradas falsas pues el real esclarecimiento llega a lo sumo a un 15%. Además, que de ser ciertas, no se corresponden con el desmantelamiento del crimen organizado que estaría detrás de los asesinatos de estas personas”.
Esta unificación de la información sobre el asesinato de líderes sociales se considera una estocada al proceso de paz, en la medida en que los acuerdos habían considerado otras estrategias como la Comisión de Garantías de Seguridad y el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, entre otros.
“La confianza es como el embarazo” decía una líder, se está embarazada o no, se tiene o no se tiene confianza, porque no se puede decir que tengo medio confianza o un cuarto de ella. Construirla es el gran desafío.
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