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Además de estas universidades existen otras universidades públicas y privadas en el departamento como el ITFIP o FUNDES en el Espinal, Coreducación en Honda. También hay sedes de otras universidades que hacen presencia en toda la geografía del país.
El impacto de estas universidades en el desarrollo del departamento nos invita a no dejar pasar por alto el debate que se está adelantando en el Congreso de la República sobre la reforma a la educación superior. Será el Senado el responsable de la suerte de la educación superior porque la Cámara de Representantes fue muy superficial con el debate y la aprobación del proyecto de Ley.
La propuesta del gobierno Petro implica concentrar los beneficios y financiación en la Universidad pública. Este hecho no es nuevo, la verdad es que el Estado nunca ha financiado a los estudiantes de la universidad privada más allá de los créditos del Icetex y algunas becas costeadas por entidades territoriales como la gobernación del Tolima, tampoco ha transferido recursos directos de su presupuesto o beneficios para la investigación. Aun así, la universidad privada atiende más del 70% de estudiantes provenientes de los estratos uno, dos, y tres, y a centenares de jóvenes provenientes del mundo rural que son excluidos de la educación superior pública mediante la selección por puntajes de las pruebas saber-pro.
El proyecto crea una expectativa estableciendo el acceso universal a todos los aspirantes, sin embargo, ¿cuántos cupos nuevos puede ofrecer el sistema público de universidades?, ¿cuánto le cuesta eso al estado colombiano. Se ha especulado con la cifra de 41 billones de pesos al año, $24,4 billones solo para educación superior, sin contar calidad, infraestructura, tecnología y mejores condiciones para los docentes. Recursos que no están disponibles como lo ha indicado el Ministerio de Hacienda.
Ya no se volvió a hablar de la meta de crear 500 mil nuevos cupos en las universidades, al parecer el gobierno entendió que no lo puede hacer solamente con las universidades públicas, pero tampoco diseña una política para aumentar la cobertura fortaleciendo el sistema mixto.
El proyecto de ley aprobado en la Cámara no convence al mundo académico universitario, lo propuesto es fiscalmente inviable, discrimina a grupos poblacionales y desconoce las universidades privadas. Además, deja por fuera a la educación para el trabajo, no establece cómo se articulará el sistema de educación, la educación deja de ser un servicio público esencial para ser un bien público, y pone en riesgo la autonomía universitaria.
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