Lo que ocurre en Israel y en la Franja de Gaza -en donde se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de guerra y violaciones de los Derechos Humanos-, como lo que ha venido sucediendo desde hace más de un año en Ucrania, y lo que a diario sucede en Colombia -en un conflicto que guerrilleros y paramilitares no quieren terminar- no es otra cosa que la vulneración ostensible de claras reglas del Derecho Internacional Humanitario, que busca proteger a la población civil.

Ha sido reiterada mi posición en cuanto a las sentencias de la Corte Constitucional en las que se decide que una norma declarada por ella inexequible -en cuanto viola la Constitución- sigue vigente, por efectos diferidos del fallo en el tiempo, durante uno o más años.

Decíamos en recientes columnas que nuestra democracia garantiza -y así lo plasma en la Constitución- todos los derechos y las libertades públicas, sin discriminaciones, pero que -contra sus valores y principios- en Colombia se están perdiendo las proporciones y se ha llegado al absurdo de considerar que la única manera de hacer valer los propios derechos consiste en bloquear, interferir, desconocer y violar los derechos y las libertades de los demás, en particular cuando se trata de personas, instituciones o entidades cuyas ideas y criterios no se comparten. Grave y peligrosa equivocación que la sociedad debe corregir con prontitud.

Debo comenzar reiterando que las redes sociales, con las facilidades que ofrece la tecnología, constituyen importantes modalidades de comunicación entre las personas -de las cuales no disfrutábamos hace unos años-, y que resulta muy valioso su aporte al ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información, además de facilitar el control ciudadano sobre quienes ejercen el poder en sus distintas manifestaciones.

Diálogo significa, según el Diccionario, “plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos”.

Lo ocurrido en Tierralta (Córdoba), cuando militares disfrazados de miembros de organizaciones subversivas amenazaron, ofendieron, maltrataron y retuvieron a habitantes de la población -incluidas mujeres y niños-, sin motivo alguno y para amedrentar, es algo que, por su gravedad, debe alertar al Gobierno Nacional, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y a todas las autoridades.

Este lunes se cumplieron cincuenta años del golpe de Estado propinado el 11 de septiembre de 1973 por el militar Augusto Pinochet contra el Presidente chileno Salvador Allende.

Las leyes estatutarias -de superior jerarquía sobre las demás, y reservadas para ciertas y específicas materias- no estaban previstas en la Constitución de 1886, ni en sus reformas. Fueron establecidas en la Constitución de 1991.

El primer fundamento de nuestra organización democrática, como lo declara la Constitución de 1991, es el respeto a la dignidad de la persona humana.

En reciente debate académico sobre el papel del periodismo en una democracia, a la vez que subrayábamos las libertades de expresión, información, investigación, denuncia y crítica -esenciales en un sistema jurídico que excluye toda forma de censura-, también destacábamos la importancia de la responsabilidad que asumen medios y periodistas a partir del ejercicio de esas libertades.