Lo que saldrá será una engañosa oferta orientada a quebrar la lealtad de los guerrilleros de base, a quienes con melosas propagandas se les hará creer que reinsertarse es todo cuanto  necesitan para poner el cielo en sus manos, pues a los jefes ni siquiera se les reconocerá el derecho ciudadano a acceder a cargos de elección popular.

Así de mezquina es la condición de nuestras oligarquías. La confrontación social y armada existente en el país, cuya existencia ahora cuenta por fortuna con el reconocimiento del Gobierno, no surgió por el alma negra de quienes han estado al mando de las distintas organizaciones guerrilleras, sino por haber sido expulsados los campesinos de sus tierras y proscritos los líderes populares de toda representación social y política.

Esa condición no ha cambiado en lo más mínimo. Todavía siguen en curso viejos procesos de expulsión de los campesinos de sus tierras en una alevosa contrarreforma agraria a la que el Gobierno no se compromete a ponerle fin; continúan vulnerándose los derechos a la sindicalización, a la representación, a la integridad personal y a la vida; los dirigentes populares tienen que desarrollar su actividad bajo esquemas de seguridad que les restan eficacia a sus liderazgos, y en cuanto a los derechos fundamentales, estos han sido transformados en mercancías, como bien lo pueden constatar quienes requieran servirse de los establecimientos de salud, educación o agua potable, para mencionar solo algunos ejemplos.

Entonces, siguen sin solución, y agravándose, los problemas que dieron origen a las organizaciones guerrilleras. Por eso, si se quiere que estas se  reintegren a la vida civil, se necesitará de gestos que, antes que de ellas, provengan del establecimiento, y que estén representados en principios de acuerdos de solución a tales problemas, comenzando por el reconocimiento de espacios desde los cuales las guerrillas puedan interactuar con las ramas del poder público y la sociedad civil.

Lamentablemente, esos gestos no se ven en el proyecto de acto legislativo. Al contrario, lo que ha dejado  ver el Congreso durante las sesiones en curso es no estar interesado en replantear viejas posturas. Lo que saldrá de sus deliberaciones es un nudo gordiano de dificultades que solo podrá ser desatado por la ciudadanía si resuelve ponerse en pié, como parece estarlo haciendo a través de la Marcha Patriótica y otras estructuras organizativas.