Si de defender la tutela se trata, no está mal echar mano de un acontecimiento que, por haber ocurrido hace ya más de una semana, podría pensarse que ha perdido interés.

El hecho ocurrió cuando el presidente Juan Manuel Santos, ante un fallo del Tribunal de Bogotá, tuvo que reintegrar a la alcaldía a Gustavo Petro. En tal ocasión, el Mandatario manifestó que “habíamos ganado 32 tutelas, pero acataremos esta que hemos perdido”.

Vistas las cosas como las mencionó el Presidente, pareciera que todas las tutelas hubieran tenido que ver con lo mismo. Lo cierto es que la que restituyó a Petro se fundamentó en el carácter vinculante de las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras que las demás versaban sobre el carácter no idóneo de la tutela para proteger el derecho burlado.

Este caso da para reflexionar sobre si el señor Presidente estuvo actuando como mandatario de todos los colombianos o solo como defensor de las posiciones de quienes están interesados en la destitución de Petro. Sin embargo, ese no es el propósito de este comentario, que está orientado principalmente a hacer notar la imperiosa necesidad de defender la tutela, que ha resultado ser el mecanismo más expedito para defender los derechos fundamentales.

Las tutelas ya se cuentan por millones, siendo esta una de las razones de sus enemigos para argüir que estamos ante una “tutelitis” que hace indispensable la reforma de este instrumento para evitar que se incremente el actual colapso de la justicia. Pero lo que no argumentan estos señores es que es la salud el derecho que más han necesitado proteger los colombianos mediante este mecanismo. Imaginemos lo que habría pasado con muchos de los reclamantes en caso de no existir la tutela: tal vez estarían hoy bajo las lápidas y el número de visitantes a los cementerios sería considerablemente mayor.

Porque el problema de la tutela no es que muchos acudan a ella, sino que tengan que acudir a ella por la denegación sistemática a que son sometidos en sus derechos fundamentales. Y en esto de las violaciones sistemáticas está la clave. Qué tal que se sancionara a todo oferente de servicios que incurriera en la violación de un derecho fundamental y que tal sanción fuera mayor ante cada reincidencia. Muy seguramente que las EPS, por ejemplo, se cuidarían de las negativas a prestar servicios que ya hubieran sido reconocidos judicialmente si supieran que el valor de la sanción podría superar el monto de lo que pretenden ganarse con la negativa.

¿Qué la tutela requiere reformas? Claro que sí. Pero para hacerla más efectiva. No para desvirtuarla.