La propiedad de la tierra ha estado siempre a la cabeza de las razones de los enfrentamientos y las luchas sociales en Colombia.
Basta repasar la historia: en 1936 el gobierno de la Revolución en Marcha, con la impronta ideológica de Echandía, situó al país en el siglo XX y mediante un enorme trabajo legislativo como el de la Ley de Tierras definió que la propiedad era una función social y con otras iniciativas reconoció derechos a los trabajadores y las mujeres, la libertad de cultos y la educación laica, entre muchas otras iniciativas que modernizaron la nación y la sacaron del oscurantismo imperante.
La reacción no se hizo esperar y desde 1946 y desde el gobierno se propició con violencia un reflujo que se tradujo en despojo de sus tierras a miles de campesinos y el desplazamiento de multitudes a las áreas urbanas.
En el gobierno de Carlos Lleras Restrepo se pretendió hacer una reforma agraria que fue conjurada por lo que se denominó el Pacto de Chicoral en 1974 y, ahora, cuando desde el gobierno y con la iniciativa de algunos de los partidos de la coalición se pretende poner en funcionamiento las leyes de Víctimas y Restitución de Tierras, de nuevo se formaliza un frente antagónico inspirado en las posiciones del expresidente Uribe y que tuvo concreción en la reciente reunión de Fedegan en Santa Marta.
Se esgrime que las leyes mencionadas solo pretenden despojar a los legítimos propietarios cuando en realidad se busca reparar los abusos cometidos en los últimos lustros por los violentos de todos los pelambres cuya consecuencia es la actual concentración de tierras, el desplazamiento forzado de cerca de cinco millones de colombianos y la utilización ineficiente de la tierra en actividades como la ganadería extensiva.
Siguiendo los dictámenes de Santa Marta Fedegan se rehúsa a asistir al Foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral organizado por la Universidad Nacional y las Naciones Unidas donde se pretende discutir y proponer fórmulas que conduzcan a la solución de problemas y conflictos del sector.
Con la misma tozudez ha llamado a sus afiliados a oponerse y boicotear la realización del Censo Nacional Agropecuario, instrumento esencial de análisis y planeación para este sector, evento que no se ha realizado por más de 45 años y que el gobierno pretende ejecutar para enmendar tan grosera omisión.
Por supuesto que hay gente opuesta al diálogo, que cree que la única fórmula de solucionar los conflictos es a través de las armas y que de poco les sirve la experiencia de la sangría ocurrida en Colombia a lo largo de casi 70 años.
Comentarios