Ya se ha convertido en costumbre el que los funcionarios de los dos períodos del ex presidente Uribe no se sometan al sistema judicial colombiano y se conviertan en prófugos de la justicia.
El último fue el ex ministro y ex candidato presidencial Andrés Felipe Arias, recientemente condenado por la Corte Suprema y a quien se le determinó una pena de más de 17 años de prisión, sanciones administrativas y pecuniarias por cuenta de su manejo del Ministerio de Agricultura y, particularmente, del programa Agro Ingreso Seguro AIS.
Para eludir la justicia el ex ministro había salido del país desde el 13 de junio y su presencia se detectó en el consulado de Miami la semana pasada. Hay que anotar que el ex funcionario ya había sido encontrado culpable y sancionado nada menos que por la Procuraduría.
La fuga de Arias fue recibida con beneplácito por su mentor el senador Álvaro Uribe, quien ya lo había hecho en el mismo sentido y promovido la burla a la justicia de otros de sus colaboradores llamados a juicio: el ex Alto Comisionado Luis Carlos Restrepo y la ex Directora del DAS María del Pilar hurtado.
En sus pronunciamientos que tildan las condenas y los procesos como persecución política y recomiendan la evasión, el senador Uribe fue inmediatamente respaldado por otro senador en ejercicio de su propio partido y dos noveles senadores que pretenden jurar su apego a la Constitución al posesionarse el próximo 20 de julio.
Una de ellas, por cierto, beneficiaria de los auxilios del AIS en el pasado gobierno cuando Arias era Ministro.
Flaco servicio se les presta a las instituciones y la democracia colombiana el desconocimiento de la ley propiciado por los ex funcionarios y congresistas que están llamados a ser los defensores de la Constitución y la ley.
El desacato ha llegado a extremo tal que el senador Uribe ya se siente con autonomía para desconocer a los organismos judiciales y a elegir a su antojo quien le ha de tramitar sus discrepancias legales y sus múltiples enredos jurídicos.
En ese estado de cosas se encontrarían en situación de perjurio los congresistas que se posesionen el 20 de julio y simultáneamente estén prohijando el desacato de los procesados y condenados.
De la misma manera y al convertirse tal conducta en una política corporativa del partido del senador Uribe debería implantarse como medida preventiva el retiro del pasaporte a quienes se vean procesados por cuenta de sus conductas y gestiones.
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