Durante la rendición de cuentas para la vigencia 2022, la Contraloría de Ibagué profundizó sobre sus alcances en materia de control y responsabilidad fiscal en el municipio, a casi un año de la llegada de la contralora Edna Margarita Murcia Mejía.

En un evento realizado en la Universidad Cooperativa de Colombia, al ente de control fiscal lo acompañaron ciudadanos y varios grupos de veedores que, entretanto, han acompañado el ejercicio de vigilancia a lo ‘largo y ancho’ de la ciudad. 

Además, a la convocatoria asistieron tanto la contralora municipal como los delegados de cada dirección del ente de control, con el fin de compartir los avances de cada área de la entidad. 

“Presentamos las actividades que se realizaron durante la vigencia como muestra de la transparencia y rectitud con la cual, desde el despacho de la Contraloría, se han impulsado las auditorías para que se arrojen resultados eficientes y que beneficien a la ciudad”, mencionó la contralora Murcia Mejía. 

La rendición estuvo acompañada de los delegados de cada dirección del ente de control fiscal.

Exposición de avances

En la exposición de Carlos Mario Carvajal, director técnico del Control Fiscal Integral, se indicó que en el 2022 el ejercicio de control fiscal continúa con su labor misional y encontró algunos hallazgos.

Es menester recordar que, los sujetos que son sensibles de auditoría por parte del ente de control fiscal, son la empresa de Acueducto y Alcantarillado Ibal, la Alcaldía de Ibagué, el Concejo, la Personería, las Unidades de Salud de Ibagué, la Gestora Urbana, Infibagué, TransMusical del Setp, instituciones educativas públicas y el Imdri. 

Las obras de los escenarios deportivos siguen siendo preocupación para la veeduría Vapi.

“Este plan de vigilancia ejecutó y encontró que de las entidades auditadas, sólo tres tuvieron fenecimiento”, lo que quiere decir que las demás entidades entraron a un proceso sancionatorio, debido a que la razonabilidad de la gestión fiscal, no les permite establecer a los auditores si la gestión del gasto fue eficiente, por lo que se determinó una sanción económica a los representantes de las entidades.

También destacó que hubo  hallazgos administrativos en las auditorías de cumplimiento en términos de gestión ambiental para Infibagué, debido a la falta de control para el tratamiento de residuos sólidos en las plazas de mercado. 

CMI encontró hallazgos administrativos en el manejo de las basuras de las plazas de mercado.

Lo mismo sobre un presunto daño fiscal, en auditoría de cumplimiento, por el contrato del 2017 en donde hubo un hallazgo de cerca de $3 mil millones de pesos por el pago de unos bienes que no encontraron durante la revisión fiscal.

Lo mismo para el recaudo e inversión para el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) y al Fondo de Gratuidad Municipal tras hallazgos administrativos por riesgos de detrimento al patrimonio. 

Frente a las actuaciones especiales de fiscalización, destaca acciones sobre el recaudo de las estampillas de ‘Pro Adulto Mayor’ y ‘Pro Cultura’, la cual obedece a la solicitud del Concejo municipal, sin observaciones.

Lo mismo para el PAE, por parte de la Administración central, donde se identificaron falencias en las entregas de los alimentos en las escuelas. Sin embargo, por términos de potestad, quedó a cargo desde el 2023 a cargo de la Contraloría General de la República (CGR).

El seguimiento de la implementación del PAE quedó a cargo de la Contraloría General de la República. 

En sus resultados, del total de los recursos municipales ($870 mil millones), sus cifras arrojan 58 hallazgos de carácter disciplinario, 141 administrativos, ocho penales y 16 fiscales por cerca de $12 mil millones de pesos. 

“Los administrativos son desviaciones de procesos o conductas por parte de los funcionarios o entidades que deben ser corregidos para evitar futuros daños fiscales. Ocho de ellos tienen incidencia penal, lo que quiere decir que el equipo determinó que la desviación de conducta o procedimiento pueden encuadrarse como un delito y se le informa a la Fiscalía. 58 tenían incidencia disciplinaria, lo que implica aparentes desviaciones de conducta, de procedimiento y pueden tipificarse como faltas de los funcionarios públicos que tenían a cargo sus procesos. y en 16 de ellos, hay una presunta mala gestión fiscal”, mencionó Carvajal.

En su intervención, la directora técnica de Responsabilidad Fiscal, María Alejandra Paiba, inició ‘elogiando’ a la contralora tras casi un año de gestión. Es menester aclarar que, la responsabilidad fiscal, es el proceso a seguir en el cual se determinan, basado en los hallazgos encontrados en la Dirección de Control Fiscal, las responsabilidades que tendrían tanto funcionarios como entidades respecto a faltas de carácter fiscal y administrativo.

Durante la vigencia del 2022, la entidad dio inicio a 13 indagaciones preliminares, en donde se encontraron responsabilidades preprocesales; en la Administración municipal (5), Ibal (3), Imdri (3), USI (1) y el Setp (1). 

Asimismo, se dio apertura a 10 procesos ordinarios, tras haber establecido daños fiscales e indicios de responsabilidades. Por un valor de $4.538.986.368, fueron señalados la Administración municipal (4), Ibal (4), Infibagué (1) y Setp (1). 

En términos de apertura e imputación en proceso verbal, se dio inicio a cinco procesos por un valor de $501.502.142 en contra de la Administración central (3) y el Imdri (2). Aunque arrojaron los datos, la directora Paiba no enfatizó en las causales de las anteriores determinaciones de la CMI.

En referencia a las imputaciones en el procedimiento ordinario, por la suma de $407.634.361, se realizaron siete procedimientos, de los cuales dos corresponden a la Administración central, uno a Infibagué, dos a la Gestora Urbana, uno al Ibal y uno a instituciones educativas. Nuevamente, no se enfatizó en los casos puntuales durante la rendición.

Respecto a los fallos de responsabilidad fiscal, se emitieron tres procedimientos por un valor de $35.106.855 en contra de Infibagué (1), Ibal (1) e instituciones educativas (1). 

Finalmente, se emitieron 54 autos de archivo en varios procesos en los cuales, la CMI no estableció posibles detrimentos. Causa curiosidad la cifra, toda vez que la misma es más grande que la suma de la totalidad de indagaciones, apertura de procesos, imputaciones y fallos de responsabilidad fiscal.

Al evento asistieron veedores, ciudadanos y dos concejales.

Nula intervención de veedores

Es menester aclarar que, aunque estaban invitadas varias veedurías de la ciudad, ninguna tuvo una oportuna intervención salvo el suministro de una hoja de papel en donde podría dejar preguntas y sugerencias.

Lo anterior, dejó varias inquietudes frente a cómo se realizó el proceso de rendición, asunto que dejó un sinsabor generalizado entre los asistentes que, distintos al ‘papel’, querían intervenir para comentar parte de sus denuncias y demás menesteres.

No obstante, al cierre de la transmisión de la rendición de cuentas de la CMI, la Veeduría Agua Para Ibagué (Vapi), en cabeza de Luis Fernando Díaz, se acercó a solicitar el micrófono y hacer un llamado de atención frente al desarrollo de los escenarios deportivos.

Solo el representante de la veeduría Vapi pudo intervenir, y fue al final de la transmisión del evento de la CMI.

CMI insiste en que continúa el seguimiento fiscal a las obras del acueducto complementario.

“Si tuviésemos realmente órganos de control, no tendríamos la corrupción que nos invade. Los escenarios deportivos, año 2015, costaron $74 mil millones de pesos, totalmente documentado. Al día de hoy, van a terminar costando más de $250 mil millones de pesos”, manifestó.

Críticas desde el Concejo

A la rendición solo asistieron dos concejales, Wiliam Rosas y Lisandro Trujillo, asunto que fue eje de crítica por parte de Vapi. No obstante, para medios locales, la concejal Linda Perdomo, actual precandidata a la Alcaldía, criticó el desarrollo del ente de control.

En síntesis, criticó algunos cambios internos, aduciendo que existen cuotas políticas tanto en el ente de control fiscal como en la Personería municipal, hecho que señala que puede ser constatado a través de las redes sociales. 

Además, criticó el proceder ético con el que se contrata en ambos órganos, aludiendo que no está bien visto contratar al amigo, el vecino o aliado político, lo que en su perspectiva se traduce como una falencia para el buen funcionamiento constitucional del ente de control fiscal.

“Sé que hay una denuncia de un veedor ciudadano en los organismos de control, revisando cuales son los vínculos y que está pasando. Lo que nos corresponde a nosotros es vigilar cuales son las acciones y actuaciones que debe adelantar la Procuraduría con relación a la Contralora y Personera”, mencionó la cabildante.

Así las cosas, la cabildante dejó entrever que ve la gestión adelantada por ambos organismos como mínima y sin mayores resultados. 

“Están quietas, ya se les va acabar su periodo y no vemos resultados propios y permanentes, es ausente; en la Contraloría la funcionaria conoce de control fiscal y adelanta investigaciones fiscales esperando los resultados; en el caso de la Personería es ausente dedicándose solo a algunas cositas sin procesos claros de intervención en derechos humanos, defensa de derechos en las mujeres y control disciplinario a la administración municipal simplemente porque es muy difícil controlar a sus amigos, grupo político del alcalde Hurtado”, apostilló.

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