Que un evento sea convocado por el Alto Comisionado de Paz, como lo fue el Encuentro Regional para la Paz que se realizó en Chaparral el 7 y el 8 de noviembre, es para destacar. Que a él asistan, además del delegado del Alto Comisionado y su abundante séquito de asesores, el Gobernador, dos exgobernadores, uno de ellos exsenador y exintegrante del gabinete distrital, es más destacable aún. Y si a ellos se suman más de 320 representantes de destacadas organizaciones populares de Tolima y Huila, podríamos decir que se colmó la taza de la satisfacción con que los organizadores medían su éxito.

Sin embargo, con todo lo importante que es lo dicho, lo que realmente nos parece más significativo es el haber visto a esas 320 personas en la pretensión de querer tomar las riendas del evento, que, a propósito, había sido convocado por iniciativa de la sociedad civil, y no del Gobierno.

En efecto, estos ciudadanos, en su mayoría campesinos, indígenas, trabajadores de la ciudad y, en general, productores de la riqueza que otros se embolsillan, cansados de haber estado durante toda una mañana escuchando discursos, muy importantes por cierto, pero cuyo contenido no recogía lo que ellos querían que se pusiera sobre la mesa, decidieron coger el toro por los cuernos y, muy amablemente, solicitar el cambio de metodología, de tal manera que su palabra pudiera oírse en el recinto.

Por fortuna, los organizadores comprendieron la justeza de lo solicitado y permitieron a los asistentes manifestar lo que tantos han oído pero tan pocos han escuchado: que solo puede haber paz con justicia social, democracia y soberanía; que las partes representadas en La Habana deben dar muestras de querer efectivamente la paz, dándose una tregua bilateral de fuegos; que muchos de los acuerdos a que se ha llegado no deberían esperar al fin de los diálogos para poder ejecutarse; que el Gobierno debe ser el primero en ofrecer garantías de cumplimiento de los compromisos que se firmen, comenzando por cumplir los acuerdos suscritos a raíz de los paros indígenas, campesinos y populares ocurridos recientemente en el país; que también el Gobierno debe desatar las amarras impuestas por Estados Unidos a través del Consenso de Washington y del TLC; y para no sobrepasar estas 444 palabras, desmontar el paramilitarismo.

Resumiendo, esta fue una importante respuesta popular ante una iniciativa suya que quiso ser manipulada por el Gobierno. Ello demuestra que el pueblo, cuando se lo propone, puede resultar superior a sus dirigentes, sobre todo si son oligarcas, o si se están descarrilando, como parece ocurrir a la dirección de la CUT.