De vergüenzas, leves sanciones y verdades a medias

El país ofendido por las actuaciones del oficial espera que de la colaboración entre los organismos de justicia de Colombia y Estados Unidos se conozca el entramado de la deshonrosa actividad criminal del uniformado, los asociados en sus dañinas acciones y el nombre de quienes le protegieron y facilitaron su relación con las temidas bandas de criminales y narcotraficantes.

Por primera vez en la historia un general colombiano es condenado fuera del país por crímenes tales como el contubernio con organizaciones criminales y el recibo de dinero para proporcionar información confidencial a asesinos para facilitar sus protervas acciones y evadir a la justicia.

El general de la policía Mauricio Santoyo quien fuera Jefe del Gaula en Medellín en la época en la que Álvaro Uribe era gobernador y luego Secretario de Seguridad de la Presidencia de Uribe en su primer mandato. Se recuerda que Santoyo fue sancionado con destitución por la Procuraduría por interceptaciones telefónicas ilegales en Medellín, pero gracias a manipulaciones leguleyas la sanción quedó sin efecto y no fue óbice para que el oficial fuera ascendido a general pese a la oposición de varios senadores que llegaron a considerar esa designación como una vergüenza para el país.

El oficial fue juzgado en una corte estadounidense pese a que los delitos cometidos se realizaron en Colombia y a que gracias a las informaciones proporcionadas por el general a los facinerosos fueron muchas las víctimas de las organizaciones criminales.

La condena a 13 años de prisión y una multa de 125 mil dólares parecen exiguas ante la magnitud de los crímenes, los sobornos aceptados y la dignidad mancillada que ostentaba el oficial. Se ignora, entonces, cuáles, de qué importancia y a quiénes involucra en las delaciones ante los tribunales de Estados unidos que le merecieron la leve pena.

De los procederes de Santoyo se tenía amplia información, no solo por la que sirvió de base para la sanción de la Procuraduría y para la oposición de los senadores a su ascenso sino por los múltiples señalamientos provenientes de los jefes paramilitares y narcotraficantes que lo tenían en su nómina y utilizaban sus informes para evadir la justicia y perpetrar sus actividades criminales.

El país ofendido por las actuaciones del oficial espera que de la colaboración entre los organismos de justicia de Colombia y Estados Unidos se conozca el entramado de la deshonrosa actividad criminal del uniformado, los asociados en sus dañinas acciones y el nombre de quienes le protegieron y facilitaron su relación con las temidas bandas de criminales y narcotraficantes.

No es posible que tan reprobables acciones que manchan el honor del país y la Policía queden cubiertas por las leves sanciones impuestas a Santoyo, que, por lo que se sabe ha sido recluido en una prisión de mediana seguridad y tiene la posibilidad de ver reducida su pena por la laxitud del sistema judicial de los Estados Unidos. El país exige conocer toda la verdad, los nombres de los cómplices y las ejemplares sanciones que de allí deben derivarse.

EL NUEVO DÍA

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