En el Encuentro Nacional de Municipios el presidente Juan Manuel Santos expuso una propuesta de Reforma Constitucional, que ha de ser presentada al Congreso que ha de elegirse el próximo 9 de marzo.
La propuesta tiene varios elementos que necesariamente han de producir un debate nacional cuando se concreten, pero desde ahora ha de generar la controversia por los componentes esbozados en el Encuentro por el primer mandatario.
A la cabeza está el tema de la reelección inmediata, sobre el cual no cesan las voces acerca de su inconveniencia. Primordialmente la oposición a la figura proviene del desequilibrio causado a la arquitectura de la Constitución, cuyas instituciones y sistema de pesos y contrapesos fueron concebidos sin la posibilidad de la reelección.
Con solo un período después de la reforma del “articulito” se ha visto lo nocivo de la iniciativa, lo que hace urgente que se piense seriamente en una nueva reforma para devolver la Carta a su concepción original.
La propuesta de Santos entra luego a considerar la ampliación del período presidencial y el de los alcaldes y gobernadores en dos años, iniciativa que necesariamente debe ir acompañada de fórmulas expeditas que permitan la revocatoria de los mandatos en caso de equivocaciones graves del electorado, ya que en esta última condición un período de seis años resulta demasiado extenso para que deba ser soportado por las comunidades.
La propuesta viene acompañada con otra que pretende emparejar los períodos de presidente, gobernadores y alcaldes, para hacerlos coincidir en elementos de manejo, planificación y presupuesto. A más de producir extraordinarios ahorros de dinero y tiempo, así como evadir la distracción de la actividad administrativa en procesos políticos.
La idea suena atractiva siempre y cuando vaya a tener vigencia en un futuro y no involucre a las actuales administraciones, para así evitar la tentación, para unas y otras, de emplear sus iniciativas y recursos en provecho propio.
El país debe iniciar con presteza el debate para “desfacer tuertos” que perjudican el sano ejercicio democrático y que han probado ser nocivos del lado que se miren.
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