Hace dos lustros el Tribunal Superior de Cundinamarca llamó la atención al Gobierno nacional, así como a la administración distrital, por los calamitosos efectos de la contaminación generada por el Río Bogotá, no solo en la Sabana sino aguas abajo, particularmente, por lo que ocurría en el Río Magdalena. En ese entonces conminó a los entes para actuar con presteza y desde diversas agencias estatales se debatió sobre las acciones a emprender, los presupuestos destinados para el efecto y las responsabilidades de cada una de las organizaciones.
Quien haya pasado por la desembocadura del río en Girardot o haya recorrido sectores del cauce del Bogotá desde cuando entra en la Sabana podrá atestiguar que nada se ha hecho y, sí se quiere, la situación aparece peor que hace un decenio.
Periódicamente las diversas administraciones de Bogotá debaten sobre la pertinencia de ampliar la Planta de Tratamiento de El Salitre o si los millonarios recursos quedan mejor invertidos en la Planta de Canoas (para variar, Petro se opuso a esta última inversión pero nunca indicó donde sí debería hacerse).
La putrefacción es cada día mayor pues las curtiembres que funcionan a orillas del río han ampliado sus operaciones y multiplicado sus vertimientos, a más de que la población del Distrito y sus municipios aledaños han crecido sin medida y sus detritus arrojados a la corriente sin tratamiento alguno.
Sobra reiterar sobre los nocivos efectos de la podredumbre en el territorio tolimense ribereño al Magdalena, mas no se sabe de administración departamental alguna que haya iniciado acción contra las entidades que cohonestan o permiten el atentado.
Viene ahora el Consejo de Estado a emitir un fallo en el que se conmina al Ministerio del ramo, al Distrito, a la CAR y a 45 municipios de Cundinamarca para poner coto a la depredación, fija un horizonte de 30 años para solucionar los problemas (así que muchos no tendremos oportunidad de ver los resultados) y establece la suma de seis billones de pesos para realizar las tareas mitigadoras (no se sabe cuál ha de ser la repartición de las obligaciones entre los implicados). Establece, además, que se debe constituir un ente a cargo del proyecto y renueva la necesidad de la pronta construcción de las plantas de tratamiento.
Cuando hace 10 años manifestábamos nuestro regocijo por el inicio de los controles no suponíamos que la determinación del Tribunal de Cundinamarca fuera un saludo a la bandera. hacemos votos porque en 10 años algo se haya avanzado y los tolimenses de mitad del siglo gocen de un río limpio y un ambiente descontaminado. Quien quita que para entonces se pueda degustar un “ viudo” sin temor a la intoxicación.
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