Los dramáticos efectos que el lavado de activos y su herramienta más eficaz, el contrabando, tienen en el sistema económico colombiano han forzado a las autoridades a tomar medidas más drásticas, de manera tal que se tramita en el Congreso una ley que convierte en delito penal al contrabando y se dota a la Dian y a la Fiscalía de instrumentos pertinentes para combatir el flagelo.
Desde cuando en 2007 quedó limitada la posibilidad de traer al país moneda extranjera en efectivo, los corruptos, los narcotraficantes y las organizaciones criminales idearon fórmulas alternas para movilizar esos recursos y así poder ampliar sus actividades y multiplicar su riqueza.
Muy rápidamente se adaptaron a las nuevas condiciones y en su accionar han producido notorias distorsiones en la actividad económica, que hacen que quien desempeña una actividad legal se vea en inferiores condiciones con aquello cuya única preocupación consiste en lavar los dineros mal habidos.
La Dian estima en entre 12 y 20 billones de pesos la suma con la que las actividades de lavado afectan a la economía y, por la misma razón, son impresionantes los efectos que se producen en los diversos sectores económicos. Al punto que se puede decir que no hay actividad que sea invulnerable a tales actividades ilegales.
Desde la corrupción que saquea al erario, los narcotraficantes que deben monetizar los enormes volúmenes de su actividad hasta los secuestros y extorsiones de las bandas criminales y la guerrilla todos participan y se nutren del lavado. Y al lado padece la industria, se afecta la agricultura, se lesiona el comercio legal y desaparece el empleo.
Al país llega calzado a precios irrisorios, textiles que se comercializan a precios que no compensan el valor del algodón empleado; se expanden urbanizaciones cuyo objetivo es legalizar el dinero mal habido, transitan por carreteras y calles vehículos que no justifican los costos de operación; en cualquier lado aparecen tiendas con bisutería a precios que no compensan el transporte desde las antípodas y algo similar ocurre con el arroz, el acero, los huevos, las llantas, los combustibles y lubricantes, los repuestos, los electrodomésticos y, por supuesto, los licores, el tabaco y las armas que alimentan la guerra.
Las acciones que propone el Gobierno y que están al análisis del Congreso requieren de un trámite expedito y la consolidación de instrumentos efectivos para combatir un cáncer que amenaza con destruir el sistema económico nacional y, de paso, llevarse de calle el empleo y las oportunidades de la mayoría de los colombianos.
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